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Los meses difíciles por venir

Editorial
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El hartazgo y el desencanto hacia el gobierno no es un fenómeno reciente en Chiapas. Lo novedoso quizá son los pronunciamientos y la actividad política que se viene desarrollando a través de las Redes Sociales en donde se condena al gobierno y se  exige la renuncia del gobernador, inclusive el PRD, en un gesto por demás oportunista y desleal, plantea el Juicio Político a Manuel Velasco Coello.

 

El Hartazgo no es reciente, en virtud de que el actual gobierno viene precedido por 12 años de malos gobierno-Pablo Salazar y Juan Sabines-, por cierto emanados por el PRD y protegidos en todo momento por el mismo grupúsculo de perredista que se enriquecieron con estos gobernantes y que hoy pretenden de un plumazo hacer que se olvide que ellos son corresponsables de lo que se está viviendo hoy en Chiapas.

Con Pablo Salazar no sólo se vivió pérdidas de libertades y de derechos humanos sino que con él se consagró la perversión de los grupos políticos, quienes se enriquecieron y abandonaron los principios de la lucha democrática.

De los problemas en San Juan Chamula, que condujo al asesinato del presidente municipal, Pablo Salazar no está exento. Aunque se apueste a la pérdida de la memoria histórica, esta realmente es recuperable. En octubre del 2006, ya electo el despreciable Juan Sabines y a días en que terminara el sexenio, el gobernador Salazar envió al Congreso Local una iniciativa de ley para homologar las elecciones. Allí se aprobó ampliar el plazo a cuatro años el período de gestión de los diputados locales y los presidentes municipales. Esta decisión desató la violencia en San Juan Chamula, en virtud a que el cabildo aprobó la minuta para ampliar a cuatro años su mandato, ese día fueron incendiados varios vehículos y el presidente municipal fue destituido por el pueblo y la asamblea nombró a un Concejo municipal.

Ese acuerdo de homologación de las elecciones fue aprobado por todos los diputados locales del PRD y del PT, por algunos diputados del PAN, por el priista Gerardo Toledo Coutiño y el diputado Roberto Domínguez Castellanos, que fiel a su costumbre de traidor, ya coqueteaba con Pablo Salazar y Juan Sabines y no se presentó de la sesión del Congreso al solicitar permiso. Esta iniciativa fue resuelta como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, pero el daño ya estaba hecho en San Juan Chamula, que funcionó con dos tipos de autoridades: el Concejo municipal electo por el pueblo, que despachaba en el palacio municipal y el presidente municipal electo quien había sido destituido, despachaba en una casa en San Cristóbal de Las Casas.

Las decisiones del gobierno de Juan Sabines en el municipio de San Juan Chamula fueron más desastrosas todavía. Su actitud propensa a la corrupción, creó el problema de las artesanías –que es el fondo de la protesta que terminó con el asesinato del presidente municipal, el síndico y tres personas más-, en donde se acordó destinar una ayuda de tres mil pesos –que luego pasó a 7 mil-, a todas las mujeres mayores de 15 años para estimular el trabajo de las artesanas. Lo paradójico es que en San Juan Chamula prácticamente nadie se dedica a las artesanías, pero sí se consolidó  una red que controla vendedoras ambulantes de fayuca y artesanías de Guatemala y Oaxaca distribuida en todo el sureste y la península de Yucatán, que presuntamente instigó el asesinato del presidente municipal.

El gobierno de Sabines también buscó homologar las elecciones y se aprobó una ley que prolongaba el período de los diputados un año más y en los municipios se nombrarían Concejos Municipales. Esta ley también fue considerada por la SCJN como inconstitucional, pero en San Juan Chamula se anularon los resultados de las elecciones del 2010,  en un claro contubernio entre el gobierno estatal y la dirigencia del PRI, quien había ganado las elecciones en ese municipio.

El problema electoral de San Juan Chamula se resolvió en la oficina del fascineroso Nemesio Ponce,  tomando el acuerdo vergonzoso e ilegal, que en las elecciones extraordinarias sólo se iba a registrar una planilla compuesta por todos los partidos registrados en Chiapas : el PRI, el PRD, el PAN, el PEVM, etc., etc.

Sin duda, hay un hartazgo en la población chiapaneca. Sin duda, Manuel Velasco no ha tomado las riendas del gobierno y ya está en el quinto año de su gestión. Sin duda se requieren de cambios urgentes en el rumbo y sentido de este gobierno. Sin duda se requiere de una mayor transparencia y de rendición de cuentas en el ejercicio del gasto. Sin duda Chiapas ha sido históricamente mal gobernado.

Pero lo que no se debe de perder de vista, es que la crisis actual que se vive en la entidad en todos los sentidos, nos debe obligar a reflexionar sobre la necesidad de constituir las bases socioeconómicas hacia un nuevo Chiapas. La entidad se caracteriza por ser el paraíso de las oportunidades perdidas: eso pasó en el año de 1994, en 1997 y en el año 2000 con el gobierno de la alternancia, en la que ha existido un despilfarro de los recursos por la falta de un proyecto de gobierno.

En la crisis actual se corre el riesgo de perderse en la búsqueda de culpables lo que puede lleva a la propia autodestrucción, porque en realidad son mínimos los esfuerzos realizados en los propósitos de la construcción de un nuevo Chiapas. En la entidad se padece de una pobreza económica, pero en realidad es mayor y más peligrosa la pobreza que se padece en la construcción de ciudadanía y en la ausencia de un proyecto democrático que permita mejorar la vida pública de la población. Esta preocupación debiera estar presente en el proceso electoral del 2018, en el que pudiera visualizarse el Chiapas que queremos para los próximos años y décadas, pero tal parece, que la disputa electoral se va a dar entre la juniorcracia, que carece de compromisos sociales y que busca instituir el retorno al pasado con gobiernos de cacicazgos.