La descomposición de la política en Chiapas es extrema y se están reproduciendo en la población prácticas y acciones autoritarias, que nada tienen que ver con la mejora de la vida democrática ni con el bienestar público.
El propósito de la actividad política debe responder a la creación de una sociedad en las que se reproduzcan la libertad, la convivencia, los derechos humanos, el respeto a la diferencia, los anhelos por la paz, el respeto al medio ambiente y una lucha permanente por la construcción de mejores estándares de vida para la población.
Si bien es cierto, todos estos propósitos no forman parte de las tareas que promueve la clase política mexicana y menos los grupos de poder chiapaneco. Esto no significa que, de una vez y para siempre se abandonen, sobre todo, porque estos objetivos son fundamentales para la mejora de la vida pública, y que realmente la actividad política debiera alcanzar.
En Chiapas desafortunadamente estamos viviendo un momento de incomprensión de la política. Hoy día estamos siendo testigos de cómo hay un discurso entre varios activistas, que se manifiestan preocupados por construir un Chiapas mejor, pero convocan a la violencia, en aras de promover la ruptura del orden social. De igual manera hay quienes pretende hacer de la confrontación, la violencia y la violación de derechos humanos un arma política de construcción de un proyecto democrático, sin darse cuenta que eso conduce a la barbarie política y a un retroceso de la cultura política.
En aras de orillar a un cambio de gobierno se busca justificar el desorden con todo y las ilegalidades que eso suele producir. En Chiapas, en el año 2000, vivimos una historia en condiciones similares. En ese momento se constituyó como el interés superior de la entidad derrocar al PRI, al precio que fuera. Y para ello se conformó una gran alianza de partidos y organizaciones sociales que condujo al triunfo de Pablo Salazar.
En ese momento las ansias de derrocar al PRI, hizo que se perdiera de vista que el interés superior era fortalecer un proyecto de vida democrático, que fuera capaz de sentar las condiciones de un nuevo Chiapas, y de construir un nuevo ciudadano chiapaneco, con la capacidad de impulsar y profundizar las reformas democráticas que Chiapas requería. Y en esa pérdida de visión, se perdió la oportunidad de mejorar la visa pública en la entidad.
El proyecto de gobierno de Pablo Salazar no sólo canceló en la entidad la transición de la vía democrática, sino que desapareció a la oposición y el activismo político, y luego hubo algo mucho peor todavía, dejó como heredero a Juan Sabines Guerrero y con éste retornó la vieja clase política tradicional, que mucho daño le ha hecho históricamente a Chiapas.
Hoy día existe un repunte de la movilización política en la entidad –debido a la inacción y a la desatención política del gobierno, pero también generada por los grupos de poder interesados en ganar la gubernatura en el 2018, en la que se han sumado a crear un clima de inestabilidad en el que se apuesta a otro interinato-, pero esta movilización está permeada por un déficit de ciudadanía y por una ausencia de proyecto democrático.
En Chiapas, con un 76 % de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, es imposible hablar de construcción de ciudadanía. Sobre todo porque la ciudadanía implica el goce pleno de los derechos humanos y la práctica de la libertad con responsabilidad. Y los datos estadísticos en la entidad nos muestra que todo ese ejército de pobres tiene carencias de derechos. Esto significa que una prioridad de la política sea el de proporcionar y ampliar sus derechos.
Lo grave de una promoción de acciones violentas, es que se crea una cultura política con mucha pobreza e ineficiencias. Y la construcción de ciudadanía es fundamentalmente un proceso cultural de prácticas que fortalezcan un proyecto de vida democrática.
De allí que las acciones de participación política que se promueven cargadas de autoritarismo, violencia e ilegalidades, terminen caminando en sentido contrario a la construcción de nuevas ciudadanías y a la larga terminen siendo un obstáculo para instituir un proyecto de democracia en la entidad.