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Urgente la Comisión de la verdad que investigue la deuda pública de Sabines

Editorial
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Un discurso muy enfático del senador Zoé Robledo es el de la transparencia y el combate a la corrupción. Él fue un personaje clave en el impulso de la ley 3de3, que obliga a los funcionarios y políticos a presentar y hacer pública las declaraciones de interés, patrimonial y de impuestos, esto con la idea de disminuir la corrupción que prevalece en el país.

 

De la misma manera, en los últimos meses ha realizado declaraciones sobre la corrupción en Chiapas, que lo ubican como un político renovador y bien intencionado en la definición de una nueva cultura ciudadana de rechazo a la corrupción, en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Ese discurso renovador  del senador Robledo no deja de ser paradigmático, en virtud de que cuestiona acremente a la corrupción, que se convirtió en un aspecto que forma parte de la cultura nacional, pero a la vez guarda silencio sobre la corrupción que distinguió al gobierno de Juan Sabines Guerrero, a quien el Congreso Local le otorgó un cheque en blanco, para que endeudara a Chiapas al límite del estrangulamiento.

La deuda contraída por Sabines, cercana a los 20 mil millones de pesos, obliga al pago de 4 millones de pesos diarios, durante 30 años, lo que mutiló el futuro y la esperanza de la población chiapaneca.

Lo grave de ese endeudamiento autorizado por los diputados locales, de dos legislaturas, es que en las solicitudes al Congreso, en unas de ella no se justificó que fuera para inversiones productivas, que es la única causal establecida en la constitución, mediante el cual los diputados pueden autorizar un empréstito, lo que significa que mucho de la deuda se contrató de manera ilegal y además en algunos préstamos no se le notificó a la secretaría de hacienda federal.

Es por ello que sobre esta deuda, los diputados locales de las dos legislaturas en el gobierno de Sabines son cómplices y corresponsables de este ilegal endeudamiento. Esos diputados locales incurrieron en dos tipos de omisiones, autorizaron deuda pública sin acatar la disposición constitucional y luego no verificaron el debido cumplimiento del ejercicio del presupuesto público y sin revisión alguna del gasto le aprobaron la cuenta pública.

En Chiapas es claro que el problema de la corrupción está ligado al de la impunidad, a grado tal, que cerca de 50 funcionarios de Sabines fueron señalados por actos de corrupción y hasta el día de hoy no se ha sancionado a ninguno.

El daño ocasionado a Chiapas por el despilfarro, la corrupción, la impunidad y el silencio cómplice que prevalece entre los políticos, en los últimos 23 años, es irreparable.

A partir de 1994, Chiapas ha sido beneficiada presupuestalmente por la federación sin resultados que reviertan la condición de pobreza y de desigualdad social en la entidad. Por eso resulta inexplicable el silencio del senador Zoé Robledo ante la corrupción que prevaleció en el gobierno de Juan Sabines, y en el que los chiapanecos tenemos el derecho a saber la verdad de lo que sucedió con ese criminal y perverso endeudamiento.

De allí que resulte urgente que se forme una comisión de la verdad, para que investigue el uso y destino de los recursos provenientes del endeudamiento del Estado y que los resultados de esa investigación se conozcan meses antes de las elecciones del 2018, sobre todo porque el establecimiento de una política de anticorrupción no puede establecerse sobre la tabula rasa, en el que se conceda el perdón a los responsables de los hechos delictivos en el manejo de los recursos públicos.