Las condiciones sociales de pobreza y desigualdad que se viven en Chiapas, representan un futuro nada prometedor para después del 2018, como para pensar que por arte de magia se va a construir en los próximos años un mundo mejor en la entidad. Esto debiera de motivar a los chiapanecos para dejar de ser pasivos y conformistas e intentar cambiar, por todos los medios al alcance, los rumbos de la historia de la entidad.
Sin embargo la pobreza, el conformismo, la violencia y la despolitización de la población son aspectos que desafortunadamente han pasado a formar parte de la vida cotidiana y lo más lamentable, es que se acepta irremediablemente como parte del destino que nos tocó vivir. Hay una aceptación plena de la desgracia chiapaneca en el grueso de la población, en la que muchas de las acciones políticas terminan en desencanto.
Se puede argumentar que esta situación no es reciente. En mucho, se puede señalar, se debe a los malos gobiernos emanados del PRI, que gobernó la entidad de 1930 al año 2000. Pero tampoco se puede pasar por alto que Chiapas fue gobernada durante 12 años por una alianza de la supuesta izquierda, que poco o nada hizo por cambiar las condiciones sociales de la entidad y que ocasionó un daño significativo en términos de libertades democráticas, en el ocultamiento de la protesta y la participación política, en la construcción de nuevas ciudadanías, pero sobre todo en el manejo irresponsable de las finanzas públicas y en el endeudamiento público por parte del gobierno de Juan Sabines.
En esos doce años de gobierno de Pablo Salazar y de Juan Sabines, la izquierda en el poder se derechizó y perdió su sentido histórico, al convertirse en colaboradores de dos gobiernos de corte conservador, que se quisieron arropar con discursos progresistas, que incorporó como funcionarios a luchadores sociales y que terminaron aprovechándose de los grupos y organizaciones desnaturalizando la lucha popular y de las ideas de izquierda, matando con ello la protesta, corrompiendo la lucha política y pervirtiendo a las organizaciones.
Ambos gobiernos sacrificaron libertades y cancelaron la viabilidad de prácticas e instituciones democráticas y al interior de ellos se gestó una conjura del pensamiento conservador, que desgraciadamente hoy proclama como logro de esos gobiernos la seguridad y el control del orden civil interno de Chiapas, cuando en realidad lo que se vivió fueron persecuciones, compras de conciencia y conculcamiento de las libertades.
Para la conjura de los nuevos conservadores en la entidad, la justicia, las libertades, la democracia y la ciudadanía crítica y reflexiva carece de importancia y de sentido, pues ellos ponderan la “gobernabilidad”, pero bajo esa premisa pierden de vista que cualquier gobierno tiránico construye fácilmente gobernabilidad, debido al terror y a la persecución que impone sobre la población; por ello es más fácil gobernar a las dictaduras que a los gobiernos democráticos, en donde las protestas y los conflictos le dan sentido a las democracias.
En esos doce años de gobierno lo que era la izquierda prácticamente desapareció y con ello evidenció el fracaso de ambos gobiernos para impulsar la transición democrática, en la que finalmente esos gobiernos se constituyeron sobre la simulación y el engaño y que poco o nada hicieron por transformar el orden social existente y mejorar la calidad de vida de los chiapanecos.
Sobre ese fracaso, los progresistas, junto al rescoldo de los grupos radicales, les corresponde impulsar la construcción de nuevas ciudadanías críticas, que no sólo estén informadas y educadas sino que sepan elegir, entre distintas opciones políticas, el mejor camino que posibilite viabilidad de un proyecto democrático. Sobre todo, porque solo un gobierno democrático va a respetar los derechos humanos y va a buscar reducir la desigualdad y la pobreza que se vive en Chiapas.
