Lo ideal en los procesos electorales, es tener ciudadanos cada vez más informados, educados y participativos, que identifiquen con claridad el rumbo más conveniente para la convivencia social y que privilegien la prioridad del bien común por encima de las pasiones e intereses personales, a la vez de que las personas participen lúcida y reflexivamente en la solución de los problemas públicos que le aquejan a la sociedad.
Este ideal está muy lejano en una sociedad tradicional, como la chiapaneca, en la que el 20% de su población mayor de 14 años es analfabeta y el 76% de la población vive en la pobreza y la pobreza extrema; además de que el sistema educativo estatal, a pesar del alto presupuesto que tiene, continúa siendo el más deficiente de las entidades en el país.
Esto significa que los triunfos electorales no son el resultado de un ejercicio del voto razonado del sector de población con mejores condiciones socioeconómicas sino que el ganador lo define el voto del grueso de población que vive en la miseria a través del voto del hambre, por ello desde el palacio de gobierno se buscó el control de los programas sociales del gobierno federal –SEDESOL y PROSPERA-, con dos verdaderos inútiles pero incondicionales del gobernador, que nada saben del combate a la pobreza, pero que van a buscar operar estos programas con fines políticos y para la compra del voto.
El proyecto democrático en el país tiene muchas deficiencias, pero en sociedades tradicionales como la de Chiapas, las deficiencias son aún mayores, debido a la falta de educación y a las condiciones de pobreza de la mayoría de la población. Esto reproduce un modelo de paternalismo en la atención de los grupos vulnerables, que termina inhibiendo y en muchos casos cancelando la libertad de elección en la participación política, al cooptar y reorientar el voto a través de los apoyos y programas sociales, aspecto que clausura las posibilidades de incidir en elecciones libres, que fortalezcan la construcción de un proyecto democrático.
Sin duda, el paternalismo y el autoritarismo son tendencias que le han ocasionado daño al fortalecimiento de la democracia; éstos cierran las posibilidades de la participación política y busca doblegar a los individuos frente al poder. Esta tendencia desafortunadamente es la que ha prevalecido en el sistema político mexicano, y más en las entidades de mayor pobreza, que ha impedido y dificultado el proceso de construcción de ciudadanía, limitando seriamente las aspiraciones a la vida democrática.
En el país y específicamente en Chiapas, las aspiraciones de un cambio de la sociedad a través de los procesos electorales son inexistentes. Sobre todo porque los partidos políticos dejaron de ser opciones políticas para la población, pero, fundamentalmente, a que la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas es prácticamente nula.
En Chiapas, debido al déficit en la calidad de la democracia y por la pobre cultura política que existe en la población, se prevé un proceso electoral 2018 con acciones violentas, en donde el riesgo mayor va a estar en los municipios indígenas, en el que desde ahora se percibe la polarización en la población, provocada por actos anticipados de campaña en varios de estos municipios y en el que la contienda política deja abierta la posibilidad para que personas ligadas a grupos de la delincuencia organizada, busquen ganar las presidencias municipales.
Finalmente el proceso electoral no va a estar determinado por los proyectos políticos ni por la importancia del discurso de los candidatos sino por la cantidad de dinero invertido. Aquí la cultura de la dádiva es determinante y definirá anticipadamente a los ganadores de la contienda.