La ausencia de una cultura de respeto a los derechos humanos genera la reproducción de prácticas violentas y autoritarias no sólo de parte de las autoridades, sino entre la propia población y las organizaciones políticas.
En este sentido, la violencia que genera el Estado se reproduce en la sociedad en distintas dimensiones: en las prácticas que tienen que ver con los acuerdos y disputas comunitarias, por el control de las actividades productivas entre las organizaciones, en el control de los mercados y el transporte, en las asambleas comunitarias y en las movilizaciones magisteriales en las decisiones de los partidos. Esta violencia que se presenta en las organizaciones de la sociedad civil, conducen a violaciones de derechos humanos, al cierre constantes de carreteras y a la expulsión de población en las comunidades por motivo religiosos, políticos o por la posesión de la tierra.
Estas prácticas de violencia, institucional o por prácticas políticas de los grupos, son una muestra de la descomposición del régimen político en un doble sentido; que recurre a la represión y al autoritarismo como mecanismo de control, pero también muestra una cultura política en la población contraria al espíritu democrático, que fortalece la intolerancia y el autoritarismo.
En el país, la ausencia de políticas en derechos humanos se debe en mucho al modelo implementado que definió a un Estado social autoritario, de partido hegemónico, en donde se restringieron libertades, se limitó la construcción de ciudadanías, se establecieron relaciones políticas no democráticas, se concentró la actividad política al interior del partido y se disfrazó a la disidencia con un discurso y una práctica que convocaba y obligaba a la disciplina. Todo esto produjo una pobre cultura política en el país y una oposición simulada y poco desafiante al orden establecido, que con los años terminó reproduciendo los mismos vicios y prácticas autoritarias del partido dominante.
De allí que estas prácticas de violación a los derechos humanos se reproduzcan en los ámbitos locales, mismas que no son más que respuestas de un orden instituido en la sociedad en su conjunto; en donde el autoritarismo se erige y consolida frente a la ausencia de prácticas democráticas.
Desafortunadamente en Chiapas, el déficit de vida democrática es mayor a la media nacional, sobre todo, por las mismas deficiencias de su sistema educativo y por los altos niveles de pobreza en la población. Esto genera que los distintos tipos de violencia en la entidad, representen problemas de seguridad nacional, situación que obliga a que no se subestimen los sucesos que generan enfrentamientos, bloqueos y cierre de carreteras, que peligrosamente pueden ser más recurrentes y de mayores consecuencias a los que se vienen presentado.
Los ejemplos de la disputa en los municipios de Oxchuc y Chenalhó resultan significativas. Ahí el Estado se encuentra en desacato de resoluciones del tribunal federal electoral, que reconoció la legalidad de las dos presidentas municipales que fueron obligadas a renunciar e instruyó para que se les devolviera el cargo; la resolución del trife no ha sido cumplida en su totalidad, en virtud a que el gobierno continúa reconociendo y acordando con los otros grupos, lo que origina la duplicidad de las autoridades en ambos municipios y mantiene latente el conflicto y las causas de un posible enfrentamiento entre la población, en donde el gobierno es el único responsable de los enfrentamientos que allí se presenten.
En Chiapas, lamentablemente hay una ausencia de legislación sobre derechos políticos de los municipios indígenas, eso a pesar de que ya transcurrieron 23 años del inicio de la revuelta zapatista, en el que una de las demandas era el reconocimiento a la autonomía de los pueblos indios.
La ausencia de esta legislación deja abierta la posibilidad de la violencia en muchos municipios indígenas, en las elecciones del 2018, en el que la presencia de 10 partidos políticos en disputa van a dividir y a alimentar los enfrentamientos en esas comunidades, que tenían como tradición elegir a sus autoridades mediante asambleas y no a través de la competencia electoral.
