En lo que va de este gobierno se dio un crecimiento en el número de pobres en la entidad. Esto resulta por lo menos contradictorio, en virtud de la enorme inversión en política social destinada por el gobierno federal para Chiapas y sus pobres resultados.
Es evidente que los programas en política social no están funcionando. A punto tal que la pobreza de la población pasó del 74% al 77%. Aquí, junto con los programas sociales, fallaron los funcionarios responsables, el sentido y enfoque de las acciones, las dificultades en la creación de empleos formales, pero sobre todo, en la ausencia de visión para transformar las condiciones histórico-sociales de la estructura de producción en Chiapas, en la que prácticamente los chiapanecos están predestinados al subdesarrollo, a la pobreza y a la desigualdad social.
Durante décadas, el gobierno estatal ha confundido el papel de los programas sociales, y gran parte del presupuesto se ha destinado para el asistencialismo y no en estímulos para reactivar la producción, que es lo único que puede generar empleo en miles de comunidades y reactivar un mercado interno local.
Paradójicamente, los empleos que se han creado en la entidad son dentro de la informalidad y esta actividad no transforma las condiciones de la estructura de la producción y además genera ausencias en la atención de la seguridad social de las personas.
Los programas sociales, al convertirse en asistencialistas, empezaron a tener un uso electoral y de movilización política de los beneficiarios, que terminó pervirtiendo el sentido de los programas. Ahora miles de familias viven de la ayuda que el gobierno les proporciona y prácticamente la población rural en condiciones de pobreza, abandonó sus actividades agrícolas; pero eso sí proporciona votos suficientes para triunfos electorales y con ello perpetuar la reproducción de la pobreza
Está comprobado que el asistencialismo por sí solo no reduce las condiciones de pobreza. De allí que en Chiapas, en lugar de disminuir la pobreza, ésta se haya incrementado, debido a la ausencia de programas que reactiven la actividad económica, pero sobre todo, la generación del empleo formal, que representa una forma para reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema.
Son muchos años de improvisación y desaciertos en política social en el Estado. Lo grave, es que en los últimos años el gobierno federal ha destinado más de 10 mil millones de pesos anuales para Chiapas y la pobreza se ha incrementado. Lo que significa ineficacia y despilfarro en el ejercicio de estos recursos o bien éstos se han destinado para otras acciones, en el que existe la sospecha que han servido para un uso electoral, en detrimento de las condiciones sociales de Chiapas.
En política social, las buenas acciones y los cambios de mejora social sólo se pueden percibir después de diez años de aplicados los programas. Pero el empobrecimiento de la población es perceptible de inmediato. Esto debiera de obligar al gobernante a tomar decisiones que garantice el uso eficiente de los recursos de los programas sociales, a abandonar las prácticas asistencialistas, que están resultando dañinas, perversas y profundizan la pobreza, pero esto significa también el abandono de las prácticas electoreras, que es lo que le ha permitido al gobernador construir y mantener a través del hambre y la miseria un capital de un millón de votos, que le puede permitir definir quién será el próximo gobernador en el 2018 y asegurar así inmunidad, ante el desacierto gubernamental, el despilfarro y el desvío de recursos.
