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A dos años de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa

Editorial
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En México la violación a los derechos humanos está generalizada. Y lo más grave aún, es que después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapaes, el gobierno no cambie su política en derechos humanos, no impulse una mejora en la intervención de los cuerpos policíacos, de los Ministerios públicos de los jueces y magistrados  y no aprenda de los costos políticos por el desprestigio y la presión internacional que hay en contra del Estado mexicano.

La crisis del gobierno de Peña Nieto se acrecentó a partir del 26 de septiembre del 2014, cuando los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron sometidos a la desaparición forzada y a la fecha se desconoce qué sucedió realmente en esa noche y no se sabe del paradero de los cuerpos. 

Hoy, después de dos años de esos lamentables acontecimientos, en la que el gobierno mexicano fue sometido a juicio en diversos organismos de la ONU y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, situación que puso al descubierto la política de simulación que el Estado mexicano mantiene en relación a los derechos humanos, las autoridades mexicanas continúan sin cumplir con una investigación cabal y creíble de lo que realmente sucedió esa tarde- noche.

En la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, el comportamiento del Estado Mexicano ha sido irresponsable, que terminó desprestigiando la investigación realizada por el grupo de especialistas de la CIDH, minimizó los contenidos de los informes y terminó negando su autorización para que se ampliara la prórroga para que este grupo profundizara su investigación.

El 2 de octubre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una serie de observaciones preliminares al Estado Mexicano en donde destaca: Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de estas por parte de las policías civiles; Adoptar una Ley Nacional sobre Desaparición y Desaparición Forzada y una Ley Nacional sobre Tortura; Establecer mecanismos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas en todo el territorio nacional. Mejorar el  Registro Nacional de Personas Desaparecidas como un registro único de desapariciones; Crear una institución nacional autónoma de servicios forenses que cuente con infraestructura adecuada, suficiente recursos humanos y financieros y protocolos estandarizados aplicables a nivel nacional; Establecer un registro nacional sobre la localización de restos no identificados inhumados en cementerios de todo el país con causa de muerte violenta; Asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Como prioridad, investigar, esclarecer y sancionar las violaciones cometidas durante la época de la llamada Guerra Sucia.

Sobre estas recomendaciones los avances son mínimos aún y cuando los costos políticos para el presidente han sido sustanciales, en virtud de que la crisis de los derechos humanos se internacionalizó y México se encuentra sometido al escrutinio público de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos y hasta ahora, el gobierno mexicano no tiene una reacción satisfactoria que contrarreste estas presiones y que mejore su imagen ante la campaña de desprestigio impulsada por los organismos internacionales defensores de los derechos humanos

La crisis que está viviendo el presidente Peña Nieto, lo sitúa en los niveles más bajos de aceptación y además muestra lo vulnerable que resulta ante las situaciones de crisis, como la que se va a vivir el día de hoy, con las marchas en todo el país y varias ciudades del mundo, que desnudarán la política de simulación en materia de derechos humanos que existe en el país y en la que, después de dos años de escrutinio público, continúa reproduciendo sus prácticas de tortura y de violación de los derechos humanos, lo que evidencia su negativa a autoreformarse para establecer un  nuevo marco de relaciones en materia de derechos humanos y en la que se acuerde el castigo a los servidores públicos que participaron directa e indirectamente en los vergonzosos sucesos de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.