El desprestigio del gobierno de Peña Nieto se profundizó con la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que provocó la condena internacional al Estado mexicano, de los más importantes organismos defensores de los derechos humanos.
Los derechos humanos en México son un discurso de la simulación. Aquí existe un régimen político autoritario, que impone límites a las libertades y derechos de la ciudadanía.
A tres años de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, el Estado Mexicano no asume la plena responsabilidad de la desaparición de estos jóvenes; no ha implementado una política adecuada en materia de derechos humanos y no ha cumplido con el debido proceso en esta investigación, aún y cuando ahora la PGR señala que ha agotado la el 90% de las líneas de investigación.
El Estado mexicano desde hace muchas décadas ha criminalizado a los jóvenes. Siempre ha buscado desacreditar los movimientos estudiantiles y juveniles. Así lo hizo con el movimiento estudiantil de 1968; misma actitud asumió con el largo movimiento universitario del CEU en el año de 1986; y no se diga las acusaciones que realizó con el reciente movimiento de universitarios conocido como yo soy 132. En todos estos movimientos existieron justas y legítimas demandas de los estudiantes universitarios y la respuesta oficial fue la misma: desprestigiar y estigmatizar el movimiento.
La movilización de los padres de familia de los estudiantes desaparecidos, puso al descubierto las redes de acuerdos y complicidades del Estado con el narcotráfico. En estos momentos existe en el imaginario de las personas la connivencia que hay entre los cuerpos policiales y algunos mandos del ejército con la delincuencia organizada.
Esta lucha por los desaparecidos, puso al descubierto más de mil tumbas clandestinas en diferentes entidades del país, con cientos de cuerpos descubiertos, que pone en evidencia la falta de seguridad del Estado y la proliferación de los asesinatos y desapariciones. Pero además, esta lucha fue un factor determinante para que el relator especial de las naciones unidas sobre la tortura señalara que en México existe una práctica generalizada de la tortura.
La falta de una investigación veraz por parte de la procuraduría, produjo mayor desprestigio en las autoridades y hoy no se puede ocultar la aquiescencia del Estado Mexicano, lo que conduce a la afirmación de que esta desaparición forzada es un crimen de Estado.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH señaló responsabilidades del ejército mexicano y sobre ello se guardo un silencio cómplice y existió una negativa para que se realizara una investigación dentro del cuartel en Iguala, Guerrero. Y en las investigaciones aparece el nombre del Capitán Crespo como involucrado en las desapariciones sin que se profundice esta línea de investigación.
Es claro que la desaparición y crimen de los estudiantes de Ayotzinapa es responsabilidad del Estado, y en su actitud de ocultar esta desaparición, ha desacreditado todas las investigaciones realizadas, por los médicos forenses de argentina, al igual que el informe presentado por el grupo de especialistas de la CIDH.
Este caso vergonzoso de desaparición forzada cumple hoy tres años y el expediente continúa abierto, con un claro propósito de búsqueda de justicia, y para que esta desaparición forzada de los estudiantes no queden en la impunidad.