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Los riesgos de la violencia por la inacción gubernamental

Editorial
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Chiapas históricamente ha sido mal gobernado y en general, sus gobernantes  han carecido de una visión de futuro y por lo tanto de proyectos de desarrollo. Junto a esto, existe  entre los políticos locales una ideología conservadora, que los convierte en retrógradas y tradicionalistas, cuando se trata de impulsar programas modernizadores en la entidad.

El gobierno actual no es la excepción, que ante la severa crisis que se vive y peor aún la que se avecina en los meses y años subsecuentes, no ha sido capaz de proponer e impulsar un programa emergente de recuperación económica de la entidad, sobre todo de las zonas devastadas por los sismos, que promueva el empleo, que  mitigue los estragos de la crisis económica en la población y que estimule la reconstrucción de las viviendas afectadas.

Ya se ha reiterado en varias ocasiones la afirmación de que Chiapas es el paraíso de la oportunidades perdidas y más si se considera que en los dos últimos gobiernos se ejerció un presupuesto superior a los 650 mil millones de pesos, en donde los indicadores de bienestar y el índice de desarrollo humano no mejoraron y en algunos aspectos hasta se empeoró, en la que el 78% de su población vive en la pobreza y la pobreza extrema y en donde se avecina una situación peor de la que se vive por los efectos negativos ocasionados por los sismos.

La situación económica en los últimos 15 años ha sido de un claro deterioro, a punto tal de que en la década de los 70 y 80 Chiapas atraía fuerza de trabajo y hoy es expulsor de ella. El Estado, antes del levantamiento zapatista de 1994, no aparecía dentro de las entidades con migrantes en el extranjero y hoy lamentablemente, se encuentra entre las primeras siete entidades con mayor población migrante.

El levantamiento zapatista de 1994, produjo un incremento de las aportaciones federales a la entidad, recursos que no ha sido empleado con eficacia debida, pues en lugar de mejorar las condiciones sociales se han deteriorado. Por ello se ha señalado, que el problema de la entidad no es presupuestal sino de proyecto de gobierno. En los últimos cinco años, que corresponden a esta administración, se ha ejercido un monto global superior a 350 mil millones de pesos, sin que se sepa a ciencia cierta en dónde se invirtieron esos recursos, porque no existen obras significativas ni faraónicas en todo el territorio.

La pobreza y la desigualdad social en Chiapas guarda una estrecha vinculación con el nivel de despilfarro presupuestal que tiene este gobierno, en donde su única preocupación, durante los tres primeros años, fue la de ganar las elecciones intermedias y hoy, como desde el primer día de gobierno, se evidencia a carencia de ideas para construir gobierno.

En esa lógica política, de ganar las elecciones, ahora del 2018, existe un manejo presupuestal de programas que proporcionan ayudas y paliativos, pero que no generan empleo, lo que viene reproduciendo mayor pobreza en la población. Pero también existe un desaseo en la distribución presupuestal, en donde el DIF, ha ejercido un presupuesto superior a los cinco mil millones de pesos, que representan recursos superiores a los ejercidos de manera conjunta en esta administración, las secretarías  del campo y la de desarrollo social.

Frente a este abandono del gobierno, Chiapas está convertido en un polvorín. Lo desafortunado de esta situación, es que la mayoría de la población perdió la confianza y la credibilidad en el gobierno y frente a la ausencia de control institucional, se corre el riesgo que en los próximos días el malestar se convierta en violencia.