Durante las últimas décadas, el Estado Mexicano abandonó el modelo de economía mixta y abrazó el proyecto de economía neoliberal y con ello sufrió un deterioro la atención de las demandas sociales de la población y la pobreza y desigualdad social creció a niveles alarmantes. Junto a este abandono, el Estado Mexicano vivió un resquebrajamiento en sus instituciones que posibilitó la infiltración del narcotráfico, presente en el país, primero como ruta de paso a los Estados Unidos, luego como productores e introductores al territorio vecino y ahora disputándose el mercado de consumo interno, creándose así los grupos mexicanos ligados al narcotráfico, que permeó los distintos niveles de gobierno y corrompió a todos los cuerpos policíacos y la impartición de justicia.
Este país desde su fundación, abrazó una tradición política autoritaria, de gobiernos unipersonales –Santa Anna, Benito Juárez y Porfirio Díaz-, y después de la Revolución Mexicana se constituyó un régimen de partido Hegemónico –PNR, luego PRM y ahora PRI-, lo que expropió a la población, durante más de 8 décadas, la facultad de elección y por ende, de ejercicio democrático. Esto debilita el sistema de partidos y éstos se encuentra alejado de la ciudadanía y se convirtieron en pequeños guetos de poder de minorías, que no sirven de mucho a la reorientación del régimen político en condiciones de crisis.
La descomposición del Estado Mexicano, se evidencia por los escándalos en que presidentes municipales, gobernadores, diputados, jueces, funcionarios de la presidencia, altos mandos militares, empresarios y los partidos políticos, han sido señalados por sus vínculos con la delincuencia organizada, en la que la realidad terminó superando a la ficción y hoy día se vive en el país una integración de la política, la empresa y la delincuencia organizada.
La gota que derramó el vaso y exhibió la violación de los derechos humanos que prevalece en el país, fue el asesinato de 46 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que destapó la existencia de múltiples fosas clandestinas en Guerrero, Michoacán, Morelos y Veracruz, que dan muestra de la impunidad con que se desaparece y asesina a la población civil en este país, con el agravante de que la situación de inconformidad va a incrementarse por la crisis económica que vive el país.
Las consecuencias sociales de los sismos, nos indica que la crisis puede ser más profunda de lo que se percibe, en virtud de que encuentra a un presidente debilitado, con fuertes acusaciones de corrupción, con una moneda devaluada, con un desprestigio internacional, con los niveles de aceptación más bajos del presidente, con una crisis económica, que se traslada a una crisis presupuestal, lo que dificulta la reconstrucción de las zonas devastadas por los sismos, en el que se diseñó un programa a través de la entrega de 120 mil pesos vía las tarjetas de Bansefi, cantidad que resulta ridícula en los centros urbanos, en virtud de que las casas y apartamentos colapsados tienen un valor superior, al monto que se está destinando lo que hace prever indignación y violencia de los damnificados en contra de los gobiernos federal y estatal.
Nunca como ahora el país presenta un futuro incierto y sombrío. Pero también nunca como ahora hay pequeños sectores de la población que identifican claramente que la nación mexicana fue desmantelada en los últimos 40 años. Lo que significa que nos encontramos en la encrucijada de reconstruir una nueva nación mexicana, con nuevos sentidos y significados y con prácticas democráticas que regulen la vida y la convivencia o bien se continúa en el proceso de degradación social en el que actualmente se encuentra el país, en donde prevalece la corrupción generalizada y la impunidad, en el que el Estado está perdiendo la guerra declarada en contra de la delincuencia organizada, y esta situación puede hacerse evidente en las elecciones del 2018, debido a que muchos candidatos a gobiernos municipales, estatales, a la presidencia de la república o al Congreso de la Unión, van a recibir financiamiento de la delincuencia, sin que pueda haber una fiscalización o control de estos recursos.
El sismo de 1985 produjo cambios políticos significativos en el país. Los sismos del 2017, producirán también transformaciones, en un escenario de mayor incertidumbre, en el que es imposible prever lo que se le avecina al país.