A horas de que inicie formalmente el proceso electoral del 2018, las emociones prevalecen en el ámbito de la gente y con ello se pierde la objetividad sobre los sucesos. Pero a la vez, hay una enorme carga de intereses en el que predomina el beneficio personal sobre el bienestar colectivo de Chiapas, lo que significa, que se pierda de vista la importancia que revisten esas elecciones para modificar los rumbos de la historia en la entidad.
Sobre este proceso, el gobierno de Manuel Velasco mantiene la misma conducta establecida desde el gobierno de Pablo Salazar y perfeccionada por Juan Sabines; controlar a los partidos políticos, con el fin de asegurar el control del proceso y asegurar el triunfo de su candidato. Esto implica una estrategia que le permita nombrar los candidatos a la gubernatura en todos los partidos y el de aportarle a todos los candidatos los recursos para la campaña. Situación que implica la construcción de un proceso electoral dirigido.
Esta estrategia, practicada por los gobiernos anteriores, muestra la fragilidad social de los partidos, en la que prácticamente éstos no representan nada, ni tienen la capacidad para movilizar a la población, con el fin de que haya una competencia electoral.
Hasta ahora las cosas caminan cumpliendo los pasos de la estrategia de un proceso dirigido y en realidad no se perciben visos de que esta situación se modifique y que se despierte una efervescencia política que posibilite la movilización y la protesta.
Sin embargo una pieza importante de ese engranaje en realidad no funciona. Hay una pérdida grave de autoridad del gobierno y el éxito para que haya un proceso electoral bajo control requiere necesariamente de un gobernador fuerte, que sepa tomar las decisiones adecuadas en el momento de amenaza de ruptura del orden o de intentos de resistencia que busquen desbordar las pasiones que suelen presentarse en las contiendas electorales.
Esta ausencia de gobierno en Chiapas si es un riesgo para el proceso electoral, debido a que se viene generando una descomposición de las condiciones políticas y de acrecentamiento de la movilización y de la violencia, que da muestra de la ineficiencia que hay en el aparato de la administración pública en la entidad.
En este sentido sí hay que diferenciar las ineficiencias que como gobierno ha tenido Manuel Velasco -que lo condujo a ser el gobernador peor evaluado de todas las entidades del país-, con la eficacia que ha mostrado en el manejo y control de una estructura electoral que le permitió ganar elecciones en el 2012 y en el 2015. De allí que de no realizar esta diferencia puede llevar a equivocaciones y a no reconocer que en este momento el gobernador del Estado es el principal y gran elector en la entidad, que seguramente va a inclinar la balanza sobre su candidato favorito.
El descrédito que tiene Manuel Velasco como gobernante no lo inhabilita como gran elector en el 2018, pues la maquinaria de control a favor del voto de hambre, es la que desafortunadamente definirá al vencedor.
Esto aplica tanto para la elección estatal como para la elección federal, en el que ningún aspirante a la presidencia de la república va a mantener una actitud de desprecio hacia Velasco Coello, pues es sabido para todos los contendientes que el apoyo del gobernador de la entidad significa prácticamente un millón de votos. Cantidad suficiente para inclinar la balanza, pues los votos de la entidad pueden llegar a representar entre el 6 y el 8 % de la votación alcanzada por el candidato ganador. De allí que ni el PAN ni MORENA cuestionen acremente los magros resultados de este gobierno.
