La sociedad mexicana se vive un largo e inacabado proceso de construcción de la democracia. Esto se debe al régimen político autoritario que surgió después de la Revolución Mexicana, que se instituyó sobre la tradición autoritaria desde la formación de la nueva república, misma que se consolidó durante todo el siglo XIX.
Este régimen político autoritario tuvo tres crisis importantes en el siglo XX. La primera, en el movimiento estudiantil de 1968, que irrumpió sobre voces que exigían un nuevo tipo de participación ciudadana y nuevas relaciones con el Estado; la segunda, en las elecciones presidenciales del año de 1988, en donde surgió una oposición triunfante, paradójicamente emanada del mismo PRI, que evidenciaba que el régimen político ya no daba para más.
A partir de 1988 se empezó a hablar en el país de una transición hacia a la democracia, en el que se retomaba en mucho la experiencia y el discurso sudamericano, que estaba viviendo un proceso en el que las dictaduras militares fenecían, lo que condujo a una transición democrática pactada.
En las elecciones de ese año, en el que el PRI ganó la presidencia a través del mayor fraude electoral de la historia, parecía obvio la necesidad de reformar el régimen político y esto se hizo más evidente con la irrupción del movimiento indígena zapatista, del 1 de enero de 1994, que mostró la crisis total del régimen político y el fin de la hegemonía del PRI. Sin embargo transcurrieron más de 23 años y el viejo régimen se resiste a morir, aún y cuando por doce años hubieron gobiernos de la alternancia que no solo no modificaron el régimen político sino que se montaron sobre él, lo que prolongó el agotamiento de un régimen, que ya no da para más.
Lo más lamentable para la vida política del país, es que el proyecto de la democracia no termina de nacer, aún y cuando muchos líderes estudiantiles surgidos en la lucha de 1968, llegaron a ocupar puestos de dirección dentro de los tres poderes e inclusive fueron dirigentes políticos de distintos partidos.
Lo extremo de ese proceso, es que todos los partidos se contagiaron de los vicios y el autoritarismos del PRI –el priismo es parte de la cultura política nacional-, en el que hoy día no hay diferencias tajantes entre ellos sino que al contrario, todos esos partidos tienen un extraordinario parecido.
En los últimos 50 años en el país ha existido una demanda de democracia, que no se ha logrado construir; salvo en la definición de procedimientos, reglas y un organismo electoral autónomo, que despierta muchas suspicacias y poca credibilidad en los resultados.
Durante estas cinco décadas, los partidos políticos, que tienen como principal responsabilidad la promoción de la participación ciudadana y la consolidación de la vida democrática, poco hicieron al respecto. Terminaron pervirtiendo la política y se convirtieron en piezas funcionales del viejo régimen político autoritario que se resiste a morir.
En las elecciones del 2018, la disyuntiva se encuentra en la transformación del régimen político autoritario, en uno que promueva un proyecto democrático. La tarea no es fácil, porque son los mismos partidos los que han mantenido moribundo el viejo régimen político y a la vez, poco o nada han realizado para consolidar un proyecto democrático.
La destrucción de ese régimen político implica cancelar las atribuciones metaconstitucionales que tiene el presidente de la república; garantizar la división de poderes; construir un eficaz Estado de derecho; garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, como un fundamento inherente de la democracia; y, promover elecciones libres, sin la coacción y compra del voto. Cinco tareas que no se ven visos que los partidos políticos ni sus pontenciales candidatos presidenciales estén interesados en reformar, sobre todo, porque ninguno ha mostrado el interés por querer transformar el viejo régimen que fenece sin que surja el nuevo régimen que lo sustituya.
