La democracia en México es sumamente pobre, porque existen partidos políticos con una gran pobreza, que reproducen una pobre ciudadanía. En este país la meritocracia no existe, por lo que poco importa si los políticos y los gobernantes tienen talento o si son idóneos para desempeñar el cargo.
En el Congreso de la Unión pocos son los representantes populares que tienen ideas propias y que sobresalen por su inteligencia; la mayoría de los diputados y senadores brillan por su mediocridad e ignorancia. Por eso mismo, en la actualidad, la profesión con mayor desprestigio en el país es la de los políticos y en concreto la de los diputados.
Con una pobre representación popular, el debate político está ausente en el Congreso y se ejerce el mayoriteo de votos sin reflexión ni análisis. Por eso el Poder Legislativo está imposibilitado para influir en la construcción de gobierno o de reencauzar las políticas que pongan como preocupación central el interés público y más, debido a que la mayoría de esa representación se encuentra subordinada plenamente al Ejecutivo y con ello desvinculada a la población.
La forma como viene funcionando el régimen político no previó el riesgo social que existe en este distanciamiento, en el que los representantes no representan a los electores, donde el cuestionamiento a la política tiene fuertes límites o prácticamente está cancelada y en donde a la inconformidad se le cierran los medios institucionales de protesta y se le orilla a que ejerza otros mecanismos fuera del orden para ser escuchado.
Esta situación se percibe en algunos grupos de la sociedad, que incluso pronostican que se viene una catástrofe social hacia el 2018, sobre todo porque históricamente los procesos electorales han demostrado que no son el camino para transformar las condiciones sociales de México.
Aún y cuando las encuestas señalan que la tendencia es favorable a Andrés Manuel López Obrador, el proceso no tiene candidatos definidos y electoralmente no hay nada decidido. En este sentido, no se debe de perder de vista que existen diferentes actores políticos que no se sienten representados por AMLO e interactúan y toman decisiones. Así lo hizo el Congreso Nacional Indígena y el EZLN, que tienen como aspirante a candidata independiente a la presidencia de la república a María de Jesús Patricio Martínez, quien en su gira por Chiapas ya tuvo concentraciones que resultan impresionantes, en el que se prevé que alcance el número de firmas de respaldo para obtener la candidatura independiente.
Es obvio que la candidatura de Marichuy se encuentra en un punto distante a la candidatura de López Obrador y cada día se hace más irreconciliables los proyectos políticos que encabezan. El CNI-EZLN y Marichuy no pretenden ganar la presidencia. Ellos buscan poner en la agenda política la defensa del territorio y evitar las instalaciones de los proyectos mineros, que tienen las puertas abiertas a partir de la aprobación de la reforma energética, en el que solo para Chiapas se prevén más de 150 megaproyectos.
En este sentido la propuesta de López Obrador es contradictoria. En el punto 26, de la propuesta de 50 puntos del proyecto de AMLO expresa: “Se frenará la degradación del territorio: Ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico se hará a costa de afectar el medio ambiente.”
Pero en el punto 6 del decálogo propuesto por AMLO para enfrentar la amenaza de Trump, textualmente señala: “Promover un acuerdo bilateral específico con Canadá para ampliar la contratación de trabajadores mexicanos en ese país y suscribir compromisos para lograr una mayor inversión de las empresas mineras canadienses en México, con salarios justos y cuidado del medio ambiente.”
AMLO suele tener dificultades para modificar su discurso y respecto a su postura sobre la actividad minera no es la excepción. Esto lo confronta y lo distancia con un importante número de Organismos de la Sociedad Civil, que ya manifestaron su rechazo a las mineras y su desacuerdo con la propuesta de AMLO.
El proceso electoral del 2018 ya inició, pero de estas elecciones no pueden esperarse buenos augurios, sobre todo porque la población tiene un alejamiento de la política, existe una cuestionada representación popular, el sistema de partidos está en crisis y se prevé que el ganador de la contienda reciba menos del 30% de los votos, lo que le resta legitimidad política..