En Chiapas se llegó a un punto extremo de relajación de la autoridad y de violación a la norma, que cualquier delito que se comete queda en total impunidad. Lo grave de esta situación, es que el quebranto a la ley que se vive a diario origina que el derecho ya no opere para un amplio sector de población y eso pone en riesgo a la convivencia.
El gobierno en Chiapas no entiende que la norma es una institución fundante de la sociedad, que entre sus fines está el de establecer lo que está permitido y lo que es prohibido. De allí que si la norma no se aplica pierde sentido y se produce el caos. Por eso en los últimos días en la entidad, se han presentado muchas muestras de que la norma dejó de funcionar y esto puede llegar a empeorar. Han habido homicidios dolosos, feminicidios, un cuerpo descuartizado, el asesinato de un líder de un grupo de autodefensa y demás delitos cotidianos de robos y cierre de edificios públicos y carreteras.
Frente a todo este desorden y cúmulo de trasgresiones, el gobierno continúa con su indiferencia mientras que el gobernador muestra una irresponsabilidad que sorprende por su desmesura, al escribir por vía twitter: “Trabajaremos hasta el último minuto de esta administración para mantener a #Chiapas como uno de los estados más seguros del país”. En el que se nota que nadie le informa que la mayor crítica que se está haciendo en este momento al gobierno es el incremento de la inseguridad.
La delincuencia está en las calles de Chiapas y nadie está a salvo. Pero sucesos como los que se presentaron el fin de semana en Berriozábal, dan muestra de que ya no se puede ocultar la presencia de la delincuencia organizada.
Los dos aspectos que podían salvar a este malogrado gobierno, eran la ausencia de un endeudamiento y el control de los delitos graves en la entidad. Después del sismo del 7 de septiembre ya no se pueden mencionar esos supuestos logros, pues ya se contrajo deuda y los delitos graves parecen dispararse.
Lo paradójico de esta situación delictiva, es que el Tribunal de Justicia de la entidad tiene como eslogan “Justicia para todos”, cuando en realidad lo que se percibe es que el derecho ya no está operando en Chiapas y no se ven intenciones gubernamentales para dar un golpe de timón, para hacer que se modifique esta situación.
Chiapas se encuentra a la deriva en todos los sentidos. No funciona la economía; la política se pervirtió y no existe credibilidad en los políticos; las finanzas estatales se encuentran en quiebra; la delincuencia actúa con total impunidad; los funcionarios están más preocupados por enriquecerse que por construir un proyecto para el bien común; no hay seguridad para la inversión ni políticas de financiamiento para estimular la inversión; la sociedad se encuentra fracturada y el proceso electoral va a dividir más a la población; en concreto, en Chiapas no hay gobierno ni se toman decisiones políticas serias.
Los últimos trece meses serán los peores de la historia de Chiapas y se corre el riesgo de que la violencia se desborde ante una actitud de inacción del gobierno, en el que finalmente, el juicio de la historia para este gobernante diletante es que resultó lo peor que le podía suceder a Chiapas.