Históricamente los partidos y las organizaciones políticas en América Latina no han aprendido la lección sobre la relación que existe entre la democracia y los gobiernos autoritarios. Y no la han aprendido, en virtud de que la apuesta a la violencia y al desorden político termina siendo contraproducente, al dar cabida al surgimiento de voces que convocan al restablecimiento del orden, lo que implica regularmente la convocatoria al uso de la fuerza pública.
La experiencia en toda América Latina nos muestra que el mayor riesgo de los gobiernos democráticos proviene de los mismos ciudadanos que aprueban el empleo y el retorno de salidas autoritarias para enfrentar el desorden generado tanto por la violencia política como por la violencia criminal.
Esta situación se percibe con claridad en el país cuando se presenta un incremento de las marchas con cierres de calles y de protestas que terminan cerrando edificios y reteniendo a las personas dentro de las instalaciones, en donde la reacción casi inmediata de los afectados es la exigencia de la aplicación del Estado de derecho, lo que significa la intervención policíaca. O bien cuando en las calles se vive el incremento de la inseguridad y las personas empiezan a demandar que sea el Ejército el que salga a patrullar y realice funciones de vigilancia.
Aquí lo que prevalece en ambos ejemplos es la ausencia de una cultura política que se refleja en varias direcciones. De entrada, es más fácil que los grupos y las organizaciones políticas opten por métodos autoritarios que por medidas democráticas. Esto conduce a realizar acciones políticas en el que priva la violencia y la apuesta al desorden. Frente a un desorden que tiende a generalizarse, se gesta en la colectividad la idea de la mano dura como el camino para enfrentar el desorden generado por los grupos que le apuestan a la violencia.
Esta historia se ha repetido en Chiapas muchas veces y desafortunadamente se continúan repitiendo los mismos errores. A principios de los 80, el desorden social que había en el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez, provocó que se aplaudiera la idea de que un General llegara a Chiapas como gobernador. Se tuvo la firme convicción de que la mano dura era necesaria para acabar con las protestas y los problemas. Los acontecimientos nos mostraron que esa visión fue falsa. En los tiempos del gobierno del General Absalón Castellanos la protesta y la violencia en lugar de reducir se incrementó.
Luego hubo un gobierno que emprendió la idea del imperio de la ley para reducir la protesta y la violencia generada por las organizaciones sociales. En ese gobierno se criminalizó la protesta y a pesar de esa política, las protestas continuaron y la violencia prevaleció tanto en los métodos de los grupos sociales como de las acciones de parte del gobierno.
Hoy día las condiciones políticas del gobierno propician el caos y la violencia de las organizaciones. En Oxchuc, un grupo de pobladores decidió prender la mecha y toma decisiones políticas autoritarias, como establecer una caseta de cobro o cancelar las posibilidades de las elecciones federales y locales con partidos en el municipio, que sin duda pueden llegar a ganar simpatías, pero también van a propiciar que varios sectores de la sociedad chiapaneca exijan y aplaudan una salida autoritaria, de mano dura a ese conflicto, que ha sido alimentado por la inacción del gobierno.
Lo grave de esta situación de desorden social en la entidad, es que el incremento de la violencia y de la inseguridad convence a muchos ciudadanos de la necesidad de
restringir ciertas libertades civiles –e incluso políticas– que han sido ganadas en el largo proceso de democratización.
Junto a este escenario de desorden ya hay voces que señalan la necesidad de un nuevo General como gobernador en Chiapas, nada puede ser peor en estas circunstancias que el retorno de un gobierno militar, que no funcionó en los ochentas y menos va a funcionar en el siglo XXI. Sin duda el riesgo de la débil democracia en Chiapas está en esas voces de ciudadanos, que encuentran eco en periodistas, que aprueban y promueven el regreso de un gobierno militar, en lugar de promover la mejora de la cultura política de la ciudadanía, en la que se aprenda el empleo de métodos democráticos para la solución de los conflictos.