El presunto remate de casas y terrenos embargados que se viene denunciando, resultó todo un escándalo, pues se advierte que participan funcionarios de primer nivel del gobierno del Estado y del municipio, así como notarios públicos, en el que se despoja la propiedad al legítimo propietario.
El mecanismo se realiza a partir del requerimiento del pago del predial, luego a través de un mecanismo a todas luces viciado se efectúa el embargo de la propiedad y concluye con un remate del inmueble, en el que un grupo de funcionarios estatales de la consejería jurídica, del Registro Público de la propiedad en colusión con funcionarios municipales resultan los beneficiarios.
Esto no es asunto menor, pues el delito es grave y este mecanismo de robo en contra de la población no debe quedar impune.
Pero este mecanismo fraudulento de despojo no es un caso aislado. También existe la denuncia de un desalojo a legítimo propietarios de un predio denominado “Agua Escondida” ubicado a un costado del relleno sanitario de Proactiva, afuera del perímetro del Ejido Emiliano Zapata, a quienes la autoridad municipal los desalojó con la fuerza pública, a sabiendas de que son los legítimos propietarios, pero en el que existe el interés del funcionario más cercano del gobernador Manuel Velasco Coello, por apropiarse de ese terreno, que tiene una extensión cercana a las 100 hectáreas.
Los gobiernos estatal y municipal cargan un desprestigio bien ganado. No se caracterizan por la eficacia sino por la pillería y son mucho casos visible de un enriquecimiento inexplicable de la noche a la mañana.
Todos ellos actúan bajo la sombra de la impunidad y con el cobijo del gobernador del Estado, quien finalmente es el principal responsable de lo que está pasando en la entidad.
La ambición y la osadía con que se comportan estos jóvenes funcionarios no tiene límites, que no han dudado en amafiarse entre sí, para participar en el reparto de utilidades de los ilícitos que les acompaña.
Los afectados de los atropellos que aquí se mencionan, se encuentran en un estado de indefensión, en el que les despojan sus propiedades y luego las rematan o peor aún los desalojan de su propiedad con la fuerza pública.
Todos estos asuntos están siendo documentados para estar en condiciones de presentar la denuncia formal en contra de los funcionarios que participan en esta colusión de intereses.
