La inoperancia del gobierno en Chiapas viene provocando una confrontación entre pobladores de Chenalhó y Chalchihuitán, que por el número de desplazados significa el conflicto más grave de violación a los derechos humanos en el gobierno de Velasco Coello.
En este momento existen desplazados de ambos municipios, de Chalchihuitán se calcula cerca de 5 mil indígenas y de Chenalhó un poco más de 2 mil indígenas, sin que la autoridad intervenga en este asunto, situación que está generando una grave crisis humanitaria.
La Organización de la Naciones Unidas, desde 1992 ha mostrado su preocupación sobre la tragedia que representa el desplazamiento interno y el éxodo en masa en el mundo. Por tal fin aprobó un conjunto principios rectores sobre el desplazamiento interno, que tienen como propósito determinar los derechos y garantías necesarios para su protección.
Para la ONU los desplazamientos, implican una consecuencia habitual de experiencias traumáticas de conflictos violentos, violaciones manifiestas de los derechos humanos y causas similares en las que la discriminación tiene un papel significativo, generan casi siempre condiciones de sufrimiento y penalidad para las poblaciones afectadas. Provocan la ruptura familiar, cortan los lazos sociales y culturales, ponen término a relaciones de empleo sólidas, perturban las oportunidades educativas, niegan el acceso a necesidades vitales como la alimentación, la vivienda y la medicina, y exponen a personas inocentes a actos de violencia en forma de ataques a los campamentos, desapariciones y violaciones.
El gobierno de Chiapas no ha dimensionado las consecuencias de este conflicto, por eso actúa con una peligrosa ignorancia que está poniendo en riesgo la vida de los miles de desplazados Pero además, el gobierno desconoce sobre la importancia del derecho internacional y su aplicación obligatoria con la atención se desentiende. Lo extremo de esta situación, es que la autoridad pretenda justificar la inacción política para no inmiscuirse en un conflicto intercomunitario, cuando en realidad lo que sucede es que el gobierno con su actitud está tolerando y fomentando la violación de derechos humanos.
La aquiescencia con la que viene actuando el Estado, lo convierte en responsable directo de cualquier suceso de sangre que pueda llegar a afectar a estas comunidades. Pero además, el Estado está obligado a instrumentar los mecanismos de protección y de asistencia a todos los desplazados, lo que significa que en estos momento, el gobierno estatal junto con el federal debieran de estar atendiendo de manera integral las necesidades y demandas de este amplio grupo de desplazados.
Lo que se preveía que podía llegar suceder en el gobierno de Manuel Velasco, una escalada mayor de violencia, ya está sucediendo. Y esta violencia es un reflejo de lo que puede llegar a suceder en los próximos días en la entidad, en el que se descuidaron las formas y se perdió la posibilidad de construir otro camino para chiapas.