El pasado miércoles 29 de noviembre y viernes 1 de diciembre la organización MOCRI EZ se manifestó en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Chiapas. El motivo, protestar por la resolución del Juez Primero de Distrito, quien ordenó la excarcelación de Francisco González Zebadúa, quien fuera acusado de ser el presunto asesino del Andrés Jiménez Pablo, líder de la MOCRI, que fue ultimado el sábado 12 de agosto en una cantina en Ocozocuatla.
Al respecto es preciso señalar que diversos pronunciamientos de organismos de la sociedad civil se han manifestado públicamente a favor de la inocencia de González Zebadúa, quien el día y hora del atentado en contra del líder de la MOCRI, se encontraba en un salón de fiesta en Tuxtla Gutiérrez, en el que más de cien invitados confirman su presencia. Paradójicamente el video del salón de fiesta fue desaparecido, lo que confirmaría la inocencia de Francisco González Zebadúa por estar presente en esa reunión.
La orden de aprehensión de Francisco González tiene tintes políticos. Él se desempeñaba como jefe de asesores del presidente del IEPC, Oswaldo Chacón, quien sin pretenderlo, despertó la ira del gobernador Manuel Velasco Coello por haber incumplido sus instrucciones. Primero, el consejero presidente del IEPC impugnó vía amparo la iniciativa aprobada por el Congreso Local, que disminuyó las prerrogativas de los partidos políticos, que están contempladas en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, se le pidió a Oswaldo Chacón que el IEPC no sancionara a Rutilio Escandón Cadenas por actos anticipados de campaña y éste se declaró imposibilitado para impedir el la resolución acordada por la comisión responsable en el IEPC.
Desde ese momento Oswaldo Chacón fue declarado como persona non grata en la Casa de Gobierno e inclusive se dieron instrucciones para que se le abriera un expediente de sanción, por supuestos actos de corrupción en su paso como rector de la UNICH, lo que lo obligaría a renunciar al IEPC.
Pero el coraje del Ejecutivo no quedó allí, se trasladó hacia Francisco González Zebadúa, a quien se le imputa el asesinato del líder de la MOCRI y se pretende castigarlo como culpable de un crimen que no cometió.
Por eso cuando el Juez Primero de Distrito ordena la liberación, por violaciones al debido proceso, se les hizo fácil ordenarle a la MOCRI, que actúa como una organización paramilitar al servicio del gobierno, a que fueran a las oficinas del juzgado federal a amedrentar al juez, sin medir las consecuencias de ese acto, que violenta la autonomía del Poder Judicial de la Federación y que demuestra el poco aprecio de Manuel Velasco a la aplicación de la ley y que además deja evidencia que las reformas constitucionales más importante aprobadas en los últimos años en el país son letra muerta en Chiapas, como son el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la reforma del artículo 1º de la constitución en materia de derechos humanos y la reforma a la ley de amparo.
Pero las complicidades, los favores y los enconos no concluyen allí. El magistrado federal Martín Ruíz Palma es el cuñado del fiscal de homicidios en Chiapas, y este fiscal es el responsable de la integración del expediente con que se pretende castigar a Francisco González Zebadúa. Pero a su vez, el magistrado Ruíz Palma le pidió el favor al presidente del Tribunal de Justicia en Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, para que instruyera a la juez de lo familiar que obstaculizara los trámites de la pensión alimenticia que tiene demandado por uno de sus hijos y que el magistrado se niega a pagar. A su vez, Rutilio Escandón se siente agraviado por la sanción de actos anticipados de campaña que le aplicó el IEPC, que puso en riesgo su candidatura, sanción que finalmente la desechó el tribunal electoral en el Estado, bajo el argumento de que así fue instruido por el gobernador del Estado.
