Los colaboradores de Manuel Velasco siguen haciendo de las suyas sin cuidar las formas. Ayer el congreso local designó a los magistrados del tribunal de justicia administrativa, dentro del mecanismo para cumplir con la integración del sistema anticorrupción en la entidad, en el que dos de los magistrados los puso Roberto Rubio y el tercero fue la propuesta de Ramón Cancino Ibarra, al que ya se la debía Eduardo Ramírez.
Las tres designaciones son funcionarios que ya colaboraban con el actual gobierno, ninguno de ellos tiene los antecedentes como especialista en derecho administrativo, pero lo más importante es que no existe evidencia alguna en que vayan a actuar con imparcialidad, en las posibles sanciones a los funcionarios públicos.
Con esos nombramientos se cumplió nada más con el requisito, en el que se privilegió nuevamente la amistad. Sin embargo, en los hechos, lo que se busca es blindar al actual gobierno en las denuncias de corrupción, que puedan llegar a presentarse con la llegada del nuevo gobierno, que tiene como posibilidad de legitimarse la investigación y su posterior sanción de los actos de corrupción cometido en el gobierno de Velasco Coello, que está generalizada en todas las secretarías.
Cualquier sanción por la vía administrativa, obligatoriamente tendrá que pasar por este tribunal, en la que obviamente los magistrados tienen el compromiso moral de guardar las formas hacia quien los nombró. Lo que queda de manifiesto que el sistema anticorrupción en Chiapas nació muerto y más grave aún, que se aseguraron contar con la impunidad del desastre financiero, la corrupción y el despilfarro de recursos que caracteriza al gobierno de Velasco Coello.
En estas designaciones Roberto Rubio ganó la partida, lo que confirma que él es el que está tomando las decisiones en el gobierno y en su caso, colocó a dos de sus colaboradores, para asegurarse gozar la riqueza con la que se ha hecho en estos cinco años.
Sobre Roberto Rubio se viene integrando un expediente para presentar una denuncia por violación a derechos humanos en un desalojo ordenado por este personaje, en el que los desalojados son los legítimos propietarios del predio, a quienes burdamente se pretende quitarles un terreno de varias decenas de hectáreas, en el que Roberto Rubio se amafió con el presidente municipal de Tuxtla para implementar el ilegal operativo de desalojo y el consiguiente daño de bienes de propiedad privada.
Bajo estas circunstancias, hay que señalar que de nada sirve tener bajo control el tribunal de justicia administrativa, en virtud de que este órgano carece de facultades para conocer sobre demandas por violación a derechos humanos.
De igual manera, la designación de estos magistrados del tribunal de justicia administrativa pone en un brete al tribunal de justicia, a quien la reciente reforma constitucional le disminuyó dos magistrados constitucionales –de cinco los dejó en tres-, con la idea de que los dos magistrados constitucionales eliminados pasaran a formar parte del tribunal de justicia administrativa; situación que ya no sucedió.
De allí que para estar en concordancia con lo señalado por la constitución, el tribunal constitucional debe eliminar con carácter de urgente a un magistrado –en este momento este tribunal sesiona con cuatro magistrados-, o bien realizar otra reforma a la constitución para regresar nuevamente a un pleno integrado por cinco magistrados. Situación que deja claro que este gobierno funciona con base a ocurrencias y con una ignorancia que ofende y avergüenza.
