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Los riesgos del destino para Chiapas

Editorial
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La inacción política en estos cinco años de gobierno en Chiapas, produjo que en varias partes del territorio se hiciera justicia por propia mano, evidenciando la profunda debilidad que existe en el sistema de justicia en la entidad.

 

Han sido recurrentes los linchamientos en comunidades indígenas, pero de igual forma han ocurrido distintos asesinatos de personas que representaban liderazgos en organizaciones campesinas, como sucedió en el municipio de Chilón con Carlos Gómez Silvano, uno de los dirigentes de la Sexta Declaración de La Selva Lacandona en esa región, asesinado con más de 20 disparos. De igual manera, en el territorio Zapatista de La Realidad, en Las Margaritas, fue asesinado por militantes de la CIOAC, José Luis Solís López, conocido como Galeano. En este año en la ciudad de Comitán, fue asesinado el líder de la CIOAC Luis Hernández. El caso más reciente es el asesinato en una cantina en Ocozocuatla de Andrés Jiménez Pablo, líder de la organización MOCRI EZ.

La falta de oficio político que se viene mostrando en la secretaría de gobierno, evidencia que le cuesta apagar un cerillo, de allí lo peligroso que se ha vuelto la inoperancia de los funcionarios de esta secretaria, en las circunstancias que se viven en la entidad en donde los problemas amenazan convertirse en incendios en diferentes partes: El Bosque, Chenalhó, Chalchihuitán, Oxchuc, Frontera Comalapa, Chilón, Tila, etc., etc.

Chiapas padece tres problemas históricos que solo se lograrán resolver con el establecimiento de un proyecto democrático. El primero, el de una ausencia de justicia social; el segundo, el de la violación recurrente de derechos humanos, y, la tercera, a una ausencia de desarrollo económico en la que la economía local no sólo no crece, sino que lleva varios años decreciendo, aspecto que reproduce la pobreza y que dificulta la proporción de los derechos básicos a la mayoría de la población.

En Chiapas la impartición de la justicia, así como el respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos son pura simulación. Situación que se vuelve caótica en virtud de que no existe manejo y control de la política, ni existe la aplicación precisa de la ley y mucho menos existe la intención del respeto a los derechos humanos, lo que viene generando esta práctica criminal de asesinatos selectivos, en el que prevalece la impunidad.

El peor escenario para el Estado, es este clima de violencia que promueve el establecimiento de un ambiente de impunidad, en el que se pueden violar las normas sin que realmente pase nada y sin que esto le preocupe a la autoridad que está obligada a construir las condiciones de gobernabilidad en el Estado.

Bajo estas circunstancias nadie está a salvo. Eso lo puede constatar el propio gobernador en las últimas giras en donde ha vivido en carne propia el malestar de la población, como sucedió en el municipio de La Concordia en el que fue encarado por pobladores.

Lo absurdo del gobierno de Manuel Velasco, es que aparte de que no ha promovido las prácticas democráticas –que implican respeto a los derechos humanos, la búsqueda de los equilibrios sociales y un desarrollo con rostro humano-, tampoco se caracteriza por escuchar o atender los problemas y agravios de la población. En virtud de que está concentrado en ganar unas elecciones –pues le urge construir condiciones de inmunidad para no vivir una situación similar a la de otros exgobernadores-, en la que pocos dudan que no sean fraudulentas. En donde se apuesta a la trampa, a la demagogia y a la utilización de los recursos públicos, en lugar de impulsar una política social, que busque revertir las condiciones de pobreza de la población, al mismo tiempo que promueva la participación de las personas en la solución de los problemas que le aquejan.

Bajo esta perspectiva, si no cambian las circunstancias políticas, el futuro de Chiapas no puede ser otro más que una mayor pobreza en la población, una mayor desigualdad social y la recurrencia de conflictos sociales en gran parte del territorio, que dificultarán las condiciones de gobernabilidad en la entidad en los próximos años.