La intervención del gobernador en las elecciones han sido lesivas y descaradas. Con ello se vienen presentando violaciones a los derechos civiles y políticos de la población chiapaneca, que ponen en duda la transparencia del proceso.
La última “Velasqueada” del gobierno es el revés de la Suprema Corte de la Nación quien declaró inválida la reforma electoral en materia de financiamiento local a los partidos políticos aprobada por el Congreso Local. El propósito de esa reforma era dejar sin recursos a los partidos para la campaña de las elecciones de este año, en virtud en que ese financiamiento se iba a destinar para apoyar a la población afectada por los sismos de septiembre del 2017.
Esta iniciativa era controvertible, porque va en sentido contrario a lo dispuesto por la Constitución de los Estados Unidos mexicanos en materia de financiamiento a los partidos, y porque el Congreso Local aprobó esa reforma en un momento en que el proceso electoral había iniciado y en el que existen prohibiciones para aprobar iniciativas electorales durante el proceso.
La ignorancia del gobernador y su espíritu propenso a tomar decisiones en la ilegalidad, fueron exhibidos por los ministros de la Corte, en el que sólo la Ministra Margarita Luna Ramos votó a favor de la iniciativa del gobernador, lo que evidencia la complicidad de esta ministra con el gobierno de Chiapas al no ser la primera ocasión que este personaje vota en contra del interés de los chiapanecos.
En el proceso electoral del año 2015 sucedió una situación similar, cuando de manera ilegal el Congreso aprobó modificar las fechas de las elecciones locales, que de acuerdo a la Constitución eran concurrentes con las elecciones federales. En esa ocasión los ministros sorprendieron con una decisión atípica, en el que reconocieron la ilegalidad de las reformas pero al mismo tiempo señalaron que como ya estaba avanzado el proceso las elecciones locales se realizaran un mes después de las elecciones federales. Esa resolución tuvo consecuencias fatales pues ocasionó el cúmulo de irregularidades que meses después fueran sancionados por el INE todos los consejeros del IEPC.
Pero esas lecciones no las aprende Manuel Velasco Coello, que se caracteriza por su indiferencia y por su desdén a la legalidad. Sin embargo su intervención en el proceso electoral descalifica de antemano los resultados de la jornada y coloca al gobernante como presunto delincuente electoral.
Las intervenciones del gobernador en el proceso electoral son graves para la vida democrática de la entidad, pues denota que la voluntad de Velasco Coello está por encima de la voluntad popular y demuestra que en Chiapas el voto no es libre ni las elecciones del 2018 van a ser limpias. Para ello el gobernante ha incurrido en irregularidades como la de desbarrancar la candidatura de Zoé Robledo, disminuir las posibilidades de Roberto Albores Gleason y financiar con recursos públicos las ambiciones de María Elena Orantes para dejar fuera del proceso a José Antonio Aguilar Bodegas. Pero lo más grave de su intervención está en la de haber girado instrucciones al presidente del IEPC, para que Rutilio Escandón Cadenas no fuera sancionado por el IEPC por actos anticipados de campaña de Rutilio Escandón, eso provocó que se integrara una carpeta de investigación en la procuraduría en contra del presidente del instituto electoral, quien estuvo a punto de ser detenido.
Las ilegalidades en el proceso electoral son muchas lo que evidencia el interés del gobernador de violentar los derechos políticos de la población chiapaneca.