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En Chiapas no hay gobierno… Ni administración

Editorial
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Se viven días de protesta en Tuxtla Gutiérrez. La causa, la falta de pagos a docentes de educación indígena, de profesores del telebachillerato y a profesores interinos, que en diferentes días han tomado instalaciones de gobierno, como estrategia para exigir los salarios por un trabajo ya devengado.

 

A estas movilizaciones se incorporaron el día de ayer  extrabajadores del municipio de Chenalhó, que de igual manera reclaman el pago de salarios por el período que laboraron en el municipio, con el gobierno que se integró durante la renuncia forzada de la edil de Chenalhó, Rosa Pérez.

Estas protestas no tienen razón de ser y sólo muestran la ineficacia de los servidores y la irresponsabilidad en el funcionamiento de toda una administración que no es transparente y que actúa con arbitrariedad, sin rendir cuentas a nadie.

En este sentido es injustificable que no se les pague a los trabajadores y menos cuando la responsabilidad es producto de la inoperancia del propio gobierno. ¿Por qué no se les paga a un amplio número de los maestros que están en la protesta? La explicación es simple, debido a que en la secretaría de educación durante el ejercicio fiscal 2015 no se realizó en el momento adecuado el trámite para el pago, concluyó ese año y no hubo refrendo de esos recursos, que les permitiría realizar el pago en el 2016 y todo ese dinero lo recogió la secretaría de hacienda federal y se perdió el recurso. Lo grave de esa situación es que un grupo de docentes se quedaron sin cobrar y no hay manera de que ese recurso se recupere y se pueda liquidar esos adeudos.

Hay otros casos en que el pago depende de convenios acordados con participación peso a peso, en donde la federación ha realizado a tiempo sus aportaciones y la entidad no cuenta con los recursos para hacer frente a sus compromisos presupuestales. En ambos casos hay funcionarios responsables de esa irregularidad, que implica la falta de pagos, pero que no han sido sancionados.

En el caso de los trabajadores del municipio de Chenalhó también tiene una responsabilidad el gobierno del Estado. La forma como fue destituida Rosa Pérez fue ilegal. Allí la responsabilidad recae en el secretario general de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien acordó con los inconformes la renuncia de la presidenta municipal sin haberla consultado y mucho menos sin saber si ella estaba de acuerdo. Por eso el Congreso Local nunca tuvo la renuncia de Rosa Pérez para realizar el nombramiento del presidente sustituto. Esto ocasionó la irritación de los pobladores de Chenalhó en contra del Congreso y más sobre Eduardo Ramírez a quien acusaron de negarse a cumplir con el acuerdo de la destitución de Rosa Pérez, acuerdo que se tomó con el secretario Gómez Aranda sin estar informada Rosa Pérez ni el presidente del Congreso.

La renuncia de Rosa Pérez se obtuvo bajo coerción. La historia de ese suceso es lamentable, debido a que los diputados Eduardo Ramírez y Carlos Penagos fueron secuestrados y llevados a Chenalhó, en donde estuvieron a punto de ser linchados, si no se nombraba en ese momento al síndico Miguel Santiz como presidente municipal. Fue así como Rosa Pérez puso su renuncia y la comisión permanente del congreso realizó el nuevo nombramiento.

Posteriormente Rosa Pérez acudió al Tribunal Electoral a denunciar que sus derechos políticos habían sido violados, al forzarla a renunciar bajo presión, y el TRIFE le otorgó la razón y ordenó la reinstalación del cargo; instrucción que se cumplió parcialmente, en virtud de que nuevamente el secretario de gobierno e incluso el gobernador del Estado, le han otorgado a Miguel Santiz el trato de presidente municipal sin serlo legalmente, pues existe una resolución del TRIFE al respecto.

Por esta razón la presidencia municipal de Chenalhó no quiere pagar los salarios de los trabajadores que laboraron durante el tiempo que duró el litigio, debido a que fueron contratados por una autoridad nombrada de manera ilegal. Pero todo eso lo ocasionó la secretaría de gobierno, que además orilló al congreso a tomar una decisión que fue declarada por el Tribunal como ilegal. Por esa razón los salarios de esos trabajadores debe cubrirlos el gobierno del Estado y no el municipio de Chenalhó.

Lo grave de la ausencia de gobierno es que ya se contaminó con la ausencia de administración, que no saben cómo realizar los pagos de los trabajadores de la secretaría de educación y de Chenalhó, que están generando las movilizaciones en Tuxtla Gutiérrez.  Y la respuesta más primitiva del gobierno, violatoria a los derechos humanos, es la represión. Ya los maestros fueron desalojados de edificios públicos y los pobladores de Chenalhó fueron violentamente agredidos por la policía. Aquí lo que se observa es la incapacidad gubernamental de resolver los problemas con violencia.