En Chiapas ha sido una práctica cotidiana el uso de la represión y la violencia institucional como mecanismo de control político. La lista de líderes sociales asesinados es larga e incluso, en la primera mitad del siglo XX se llegó a la aberración de aprobar una ley en la que se autorizaba a los grandes propietarios a la creación de las guardias blancas, que se encargaron de desaparecer cualquier brote de protesta.
La violencia institucional en Chiapas ha tenido diferentes patrones de comportamiento. Primero la creación de las guardias blancas, luego la intervención directa de los militares y los cuerpos de seguridad, después del levantamiento zapatista surgen los grupos paramilitares y ha sido una constante en el territorio las ejecuciones extrajudiciales.
Lo que sorprende e indigna, es que en la mayoría de los crímenes y desapariciones forzada no ha existido detención de los responsables ni la investigación ministerial de los hechos ni castigo a los culpables ni la búsqueda de acciones judiciales que ponga límites a los abusos de poder, en el que prevalece un clima de impunidad.
Así sucedió con los crímenes de los comisariados de los bienes comunales de Venustiano Carranza, de Andulio Gálvez, Sebastián Núñez Pérez, Rubicel Ruíz Gamboa, etc., etc.
En los gobiernos de los últimos 50 años han existido asesinatos políticos, desalojos, desapariciones, detenciones arbitrarias, persecuciones, tortura y desafortunadamente la clase política chiapaneca se empecina en mantener este estado de cosas, perpetuando la impunidad. Pero de igual forma son notorios los crímenes de lesa humanidad en Chiapas, en el que no deben de quedar en el olvido los sucesos de Bolomchan, en el municipio de Sitalá, Acteal, en Chenalhó, la masacre en el municipio de El Bosque, los asesinados en Chinkultic, en el municipio de Trinitaria y los de Viejo Velasco, en Palenque.
La ausencia de los límites de poder de los gobernantes en Chiapas ha creado este clima de crímenes e impunidad. En donde la señal clara y peligrosa es de que en Chiapas nadie está a salvo de la arbitrariedad de poder.
Por la historia y los antecedentes en Chiapas, en el que está muy fresca en la memoria las persecuciones a periodistas en el gobierno de Pablo Salazar y los encarcelamientos paranoicos que ordenaba Juan Sabines, no puede ni debe desestimarse la denuncia en las redes sociales realizada el día de ayer por José Antonio Aguilar Bodegas, es donde se muestra la existencia de un expediente y en el que se puede deducir que es objeto de un seguimiento y del espionaje.
La persecución política ha sido una característica del régimen autoritario en México. Sin embargo no es la primera ocasión en que Aguilar Bodegas es objeto de la persecución. Ya sucedió en el gobierno de Juan Sabines, en el que se buscó hacerlo inelegible en la contienda electoral, a través de un proceso penal ordenado por Sabines, personaje que sufre un notorio desequilibrio emocional y que vive con una paranoia permanente.
Bajo estas circunstancia sería deleznable, que nuevamente este gobierno judicialice la política y busque inventar delitos y construir a través de mecanismos extralegales la cancelación de los derechos civiles y políticos de Aguilar Bodegas, con el fin de inhabilitarlo políticamente, en aras de tener un proceso electoral controlado, en el que el único elector en la entidad sea el gobernador de la entidad, quien ya se ganó a pulso, la consideración de la ciudadanía de ser el peor gobernante de la historia de Chiapas.