Lo peor decisión que podía tomar el gobernador Manuel Velasco al final de su malograda gestión es judicializar la política y ordenar la persecución de un aspirante a la gubernatura. Finalmente lo hizo, y el día de ayer el fiscal responsable del combate a la corrupción Horacio Reyes Pérez, hizo pública en las redes sociales la investigación que se realiza en contra de José Antonio Aguilar Bodegas.
El video del fiscal para el combate a la corrupción dura dos minutos, en el que demostró su incompetencia jurídica para desempeñar el cargo y en el que hizo gala del uso faccioso de la ley, lo que inhabilita para continuar desempeñando esa responsabilidad.
El fiscal que estudió la licenciatura en una escuela patito, el Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM en el Estado de Morelos, evidencia en el video su baja preparación académica, al hacer pública la existencia de esa investigación y mencionar el nombre de Aguilar Bodegas, incurrió en una violación del principio de presunción de inocencia, con ello lo que hizo el fiscal es convertirse en juez, al someter al escarnio publico, al linchamiento popular y a la denostación de la dignidad de la persona y con ello convirtió a las redes sociales en un tribunal inquisitorio, sin posibilidades a la defensa del inculpado. Lo que ocasiona un daño moral, que abre la posibilidad a que el fiscal al combate a la corrupción sea sometido a un proceso judicial y a pagar de su peculio la reparación del daño que cometió por su imprudencia y desconocimiento del derecho.
En ese breve mensaje, de escasos dos minutos, el fiscal incurrió en la violación al debido proceso, al hacer mención de pruebas bancarias, que fueron obtenidas de manera ilegal, porque la solicitud a los bancos para conocer los estados de cuenta sólo lo puede realizar un juez federal, en donde no fue así el caso.
El fiscal mencionó la incongruencia en la declaración patrimonial de Aguilar Bodegas, en virtud de que no declaró depósitos millonarios efectuados en el año 2013 y 2014, período en que esa persona no se desempeñó como funcionario público, pues su encargo fue a partir del 2015. De ser cierta esa apreciación del ministerio público, es la contraloría general del Estado, anteriormente secretaría de la función pública, la que debió de solicitar la aclaración al funcionario y otorgarle el derecho a la audiencia para que declarare a su favor lo que en derecho le conviniera y de continuar la irregularidad, es la contraloría la que debió de haber turnado a la fiscalía general el expediente para el proceso penal correspondiente, lo que evidencia nuevamente las violación al debido proceso, al realizar de motu propio una investigación sin parte denunciante, lo que demuestra el uso faccioso de la ley, el abuso de autoridad y la prestación indebida del servicio público.
Al litigar en las redes sociales la investigación que está realizando, la fiscalía violó la secrecía del caso, al no estar concluida la investigación y en el caso de que ya esté concluida, la obligación del ministerio es turnarla al juez, situación que no se realizó.
El video subido a las redes sociales presenta por lo menos 12 delitos en los que incurrió el fiscal responsable en el combate a la corrupción en Chiapas: Uso faccioso de la ley; violación a la presunción de inocencia; obtención de pruebas de manera ilegal; violación al debido proceso; abuso de autoridad; violación a la intimidad al hacer público documentos de la vida privada; uso indebido en la prestación del servicio público, violación al derecho de audiencia; daño moral; violación a la secrecía; violación al derecho humano a la legalidad y a la seguridad jurídica.
El fiscal Horacio Reyes Pérez, no ha cumplido ni el mes como responsable de esa fiscalía y ya demostró su incompetencia para desempeñar ese encargo lo que lo convierte automáticamente en un corrupto al haber aceptado una responsabilidad en el que no tiene los conocimientos para desempeñar el cargo con eficacia y la honradez que se requiere.
Con la presentación del video no solo se violan artículos de la constitución que establecen el principio del debido proceso y la presunción de inocencia sino que se violenta el derecho internacional incorporado a la constitución a partir del 10 de noviembre del 2011. Situación que obliga a los juzgadores a dejar en libertad al inculpado, por violaciones graves a los derechos humanos, en el que incurrió el multicitado responsable de la fiscalía del combate a la corrupción.
