La descomposición política en Chiapas, ha llegado a un punto en el que está presente la violencia institucional, las detenciones arbitrarias, el linchamiento mediático de activistas, los rumores infundados y la construcción de un clima de desconfianza y de confusión en la población.
Este tipo de situaciones se presenta con éxito en sociedades con una baja cultura política, en donde prevalecen formas tradicionales de dominio y en donde predomina un pensamiento conservador afín a las ideas de la derecha. Estas tres condiciones están presentes en Chiapas, razón por la cual esta estrategia puede ser funcional a un gobierno carente de legitimidad y por lo tanto, con pobres niveles de aceptación popular.
La violencia institucional es un instrumento de control que en Chiapas se emplea desde los años 70 del siglo pasado, en el que se utilizó al Ejército en funciones de represión y encarcelamiento a las manifestaciones populares de esa época, misma que tuvo modificaciones extremas después de la rebelión zapatista de 1994, en el que se formaron, adiestraron y armaron grupos paramilitares en comunidades indígenas para enfrentar y crear así un clima de conflicto intercomunitario. En Chiapas los militares han instalado en todo el territorio distintos retenes, participan en acciones de seguridad y vienen realizando funciones de inteligencia militar, en el que tienen detectados distintas condiciones de malestar y de lucha social en la entidad.
Junto a esto, en Chiapas se vive actualmente detenciones que no se apegan, en estricto sentido, a lo que debe ser el Estado de derecho. Lo vimos en el caso de José Francisco Zebadúa González, quien se encuentra bajo proceso por el asesinato del líder de la MOCRI EZ, cuando existen pruebas que demuestran su inocencia; Misma situación se presentó con dos dirigentes de la Alianza de Transporte, quienes participaban en mesas de negociación con funcionarios del gobierno, cuando fueron detenidos y remitidos al “Amate”.
Situación similar sucedió con pobladores de Chenalhó, que estando en negociación con la secretaría de gobierno fueron detenidos y hoy se encuentran recluidos en el “Amate”.
En estas detenciones se percibe el abuso de poder de la autoridad, al encuadrar delitos de manera selectiva, en el que se percibe más el ajuste de cuentas que la aplicación estricta de la ley. De igual manera, en ambas situaciones se filtró, de manera oficial en los medios, datos e información dudosa, que buscan desacreditar las demandas y la validez de los liderazgos.
En este sentido, a través de un boletín oficial, se filtró la información de que el líder transportista detenido posee mil concesiones de transporte, información a todas luces falsa, pero que se difunde como una verdad absoluta, en el que se oculta que un funcionario ligado a la oficina del gobernador, Ramón Guzmán Leyva, tiene mayor número transportes en la obra de Chicoasén2, que el número real de concesiones que posee Bersaín Miranda.
Estas acciones se complementan con el linchamiento mediático que orquestó el gobierno en contra de un aspirante a la gubernatura del PRD, en donde el fiscal anticorrupción realiza señalamientos sobre una investigación en el que se viola la presunción de inocencia, el debido proceso y la secrecía de la investigación.
La descomposición social del gobierno promueve la impunidad, la corrupción y el deterioro de la autoridad, lo que influye en el incremento de los índices de la violencia delincuencial, y se presentan delitos como los del feminicidio, que muestran el daño que produce la impunidad en la inaplicación de la ley y que fomenta la desconfianza de la población en las instituciones.
