La violencia en Oxchuc, Chenalhó y varios municipios más como Tila, Yajalón, El Bosque, Ixtapa, Pueblo Nuevo, San Juan Chamula, Zinacantán y Frontera Comalapa, muestran síntomas previsibles desde hace varios meses. Sin embargo nadie está actuando y la tensión en lugar de disminuir va en incremento, lo que significa que el proceso electoral está ya cargado de violencia en varios puntos del territorio.
Aquí la responsabilidad está en los tres niveles de gobierno, pues las autoridades conocen de la tensa situación que se vive en esos municipios, en el que inclusive la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares, que no han sido cumplidas por el Estado Mexicano ni por los gobiernos estatal y municipal.
Las violaciones a los derechos humanos son indiscutibles. Al respecto vale la pena señalar que el Artículo 1º de la Constitución señala como obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Pero también establece los deberes del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
En Oxchuc, Chenalhó y Chalchihuitán no se han respetado ni protegido ni garantizado los derechos humanos de la población. Pero a su vez, el Estado no ha tomado las medidas preventivas para vitar la violencia en esos municipios, tampoco ha investigado las violaciones recurrentes a los derechos ni ha sancionado a los responsables y mucho menos ha reparado el daño a las víctimas y a sus familiares.
Por todas esas razones, varias autoridades debieran ser sometidas a juicio, porque son responsables del delito homicidios de comisión por omisión, sucedidos en esos municipios, sin que a la fecha se haya sabido de alguna sanción a funcionarios de los tres niveles de gobierno.
La inacción del gobierno es lo que condujo a este clima de violencia, que se alimenta con los altos niveles que hay de impunidad.
La peor situación social que podía existir en el proceso electoral, es el de la violencia y desafortunadamente ya se está viviendo. Se perdió la capacidad de diálogo, y eso conlleva riesgos que no han sido calculados por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Pero también se perdió la posibilidad de conducir un proceso electoral equitativo y libre, sobre todo porque el gobierno tiene intervenido a los partidos políticos.
La gran paradoja es que la persona que debiera estar más interesada en que las elecciones se realicen de manera pacífica, es el gobernador del Estado; sin embargo, al involucrarse en el proceso electoral, el gobernador perdió la posibilidad de convertirse en árbitro y de conducir un proceso en paz y peor aún, se corre el riesgo de que los enfrentamientos continúen y con ello se incremente el número de homicidios.