Los asuntos políticos en Chiapas no caminan bien. La descomposición que vive la sociedad afecta los diversos ámbitos de la vida y las consecuencias se observan tanto en los espacios sociales en condiciones de vulnerabilidad como en los espacios de mayor educación como pueden ser las universidades o los partidos políticos.
Lo que viene sucediendo en la disputa por las candidaturas a gobernador en los partidos resulta patético. Hay aspirantes que son representantes de la caquistocracia, que creen que hacer grilla y movilización de personas apoyado con dinero y dádivas es hacer política.
Pero también la indiferencia y la pasividad gubernamental reduce la mejora de la cultura política de las personas, en virtud de que no hay respuesta de las demandas aún y con la protesta social. Por ello la caquistocracia, representada por el gobierno de los peores, y la indiferencia en la atención de las demandas, son dos factores que reducen e inhiben la construcción de ciudadanía y limitan la ampliación de derechos.
La peor situación de un gobierno de los peores, que establece su “legitimidad” a través de la cultura de la dádiva y la compra del voto, es cuando sin cuestionamiento de ningún tipo se acepta la prohibición del derecho a decidir y a elegir a las autoridades. Y esto es lo que viene sucediendo precisamente en Chiapas.
Al respecto, pareciera que esas prácticas suceden por la falta de educación y los niveles de pobreza en la entidad, pero ello es parcialmente cierto. En las universidades se aceptan prácticas que son igual de deleznables que la elección de las autoridades a través del voto del hambre.
En las universidades en Chiapas se vienen otorgando doctorados honoris causa a personajes que ofenden el trabajo académico y su trayectoria se encuentra muy alejada de los principios humanísticos y del pensamiento universal que se fomenta en las instituciones de educación superior. Ejemplo de ello es el doctorado honoris causa que la UNACH entregara a principios de los ochenta al “general” Arturo Durazo Moreno, quien durante décadas simbolizó la corrupción del país y la práctica de extorsión de los cuerpos policiales.
Recientemente la UNACH entregó dos doctorados, que igualmente son muy cuestionados por el componente político que los rodea: el entregado al empresario Alfonso Romo, ligado al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y el que le fue entregado a la Ministra Margarita Luna Ramos, en el que se le paga el favor para que emita un fallo de la Corte en contra del sindicato de trabajadores de confianza de la universidad, en la que se busca vulnerar los derechos laborales de estos trabajadores.
Pero la UNICACH también tiene sus propias aberraciones en la entrega de los doctorados honoris causa. Entre ellos se encuentra los otorgados a Javier Álvarez Ramos y a Esteban Moctezuma Barragán, quienes sin mérito alguno recibieron esa distinción, al que algunos periodistas le empezaron a llamar “doctorado horroris causa”, situación que demerita este reconocimiento.
La historia lamentable se repite nuevamente el día de hoy en la UNICACH, en el que el Consejo Universitario habrá de acordar la entrega del doctorado honoris causa al genera Salvador Cienfuegos Zepeda, actual secretario de la defensa nacional.
Si el Consejo Universitario aprueba otorgar el doctorado al general Cienfuegos, significaría un agravio a los derechos humanos, en un momento en que los principales organismos internacionales defensores de los derechos humanos condenaron al Estado Mexicano por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y por la masacre de Tlatlaya, en el que se señala la participación de miembros del Ejército Mexicano en los dos reprobables sucesos.
Así como resulta lamentable y condenatorio la compra del voto en las elecciones, con mayor firmeza se debe de cuestionar la ausencia de principios éticos en las universidades, en donde miembros de la comunidad universitaria se prestan para avalar ocurrencias de las autoridades, que desprestigian el quehacer universitario y pervierten los fines sociales de la universidad.
Cuando la descomposición social se vuelve purulencia ya no sorprende a nadie ningún tipo de estupideces. Por ello aunque parezca normal que en las instituciones se tomen decisiones aberrantes, no se debe de perder la capacidad humana de la indignación; sobre todo porque es la dignidad el punto de partida del principio de los derechos humanos.
