En México se vive un largo e inacabado proceso de construcción de la democracia. En mucho se debe al régimen político autoritario que surgió después de la Revolución Mexicana, que se instituyó sobre la tradición autoritaria desde la formación de la nueva república, misma que se consolidó durante todo el siglo XIX.
Este régimen político autoritario tuvo tres crisis importantes en el siglo XX. La primera, en el movimiento estudiantil de 1968, que irrumpió sobre voces que exigían un nuevo tipo de participación ciudadana y nuevas relaciones con el Estado; la segunda, en las elecciones presidenciales del año de 1988, en donde surgió una oposición triunfante, paradójicamente emanada del mismo PRI, que evidenciaba que el régimen político ya no daba para más; la tercera con el levantamiento indígena del 1 de enero de 1994, que dio origen a la reforma electoral de 1996, en el que se ciudadaniza el órgano electoral, donde el gobierno pierde el control de la organización de las elecciones y la que abrió las puertas para una derrota del PRI, que se vivió en las elecciones del año 2000.
A partir de 1988 se empezó a hablar en el país de una transición hacia a la democracia, en el que se retomaba en mucho la experiencia y el discurso sudamericano, que estaba viviendo un proceso en el que las dictaduras militares fenecían, lo que condujo a una transición pactada a la democracia. Sin embargo el discurso de la transición a la democracia se concentró en la derrota del PRI y no en la construcción de un nuevo régimen político
En las elecciones de 1988, en el que el PRI ganó la presidencia a través del mayor fraude electoral de la historia, parecía obvio que el régimen político surgido de la Revolución Mexicana ya no daba para más. Sin embargo han transcurrido 30 años y el viejo régimen se resiste a morir.
Lo más lamentable para la vida política del país, es que el proyecto de transición de la democracia se concentró en perfeccionar los procedimientos y la normatividad electoral y no en la construcción de la cultura política que favoreciera la vida democrática, que consolidara derechos civiles y políticos, que se apostara al cumplimiento de los derechos sociales y económicos y donde se transitara de la democracia de procedimiento a la democracia de régimen. Esta situación de cambio de régimen es la que no termina de nacer y en realidad es lo que está en juego en las elecciones de este año, en la que se enfrentan tres tipos diferentes de autoritarismos. El autoritarismo del PRI, que le apuesta a la violencia institucional y a la cancelación de derechos y libertades; el autoritarismo de la derecha, que está de acuerdo en el respeto parcial de derechos civiles y políticos, pero que mantiene inalterable el principio de la familia y la prohibición del aborto; y el autoritarismo de los grupos de izquierda, que apuestan a una democracia autoritaria, que no respeta los derechos políticos y que requiere del fortalecimiento y de la concentración del poder en la figura presidencial.
Lo extremo de este proceso, es que todos los partidos se contagiaron de los vicios y el autoritarismos del PRI; en el que hoy día no hay diferencias tajantes entre ellos sino que al contrario, todos esos partidos tienen un extraordinario parecido y reproducen las prácticas autoritarias..
Del movimiento de 1968 a la fecha han transcurrido 50 años, durante estas décadas, los partidos políticos, que tienen como principal responsabilidad la promoción de la participación ciudadana y la consolidación de la vida democrática, poco hicieron al respecto. Terminaron pervirtiendo la política y se convirtieron en piezas funcionales del viejo régimen político autoritario que se resiste a morir.
En las elecciones de este año la disyuntiva se encuentra en la transformación del régimen político autoritario, en uno que promueva un proyecto democrático. La tarea no es fácil, porque son los mismos partidos los que han mantenido moribundo el viejo régimen político y a la vez, poco o nada han realizado para consolidar un proyecto democrático.
La destrucción de ese régimen político implica acabar con el centralismo, cancelar las atribuciones metaconstitucionales que tiene el presidente de la república; garantizar la división de poderes; garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, como un fundamento inherente de la democracia y promover elecciones libres. Cinco tareas en la que no se ven visos que alguno de los precandidatos presidenciales esté interesado en reformar, y sobre todo, porque hasta ahora ninguno posee una trayectoria democrática, favorable a la transformación del viejo régimen político que fenece, pero que no termina de morir.