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Guzmán Leyva el culpable del conflicto de la UNICH

Editorial
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El largo conflicto que vive la Universidad Intercultural de Chiapas se debe a un mal manejo de funcionarios del gobierno,  específicamente  del Dr.  Ramón Guzmán Leyva, quien en el año 2015  de manera irresponsable le entregó el poder de la universidad al sindicato y con ello se generalizó la persecución y despido de los docentes que no compartían con las ideas y prácticas de ese sindicato lo que  ocasionó la destrucción del proyecto académico  de esa universidad.

 

El sindicato de la UNICH, desde su origen, fue formado por Javier Álvarez Ramos, en el período en que fue rector, con el fin de enfrentar a los profesores de tiempo completo y dañar las actividades de investigación que algunos académicos realizaban a pesar de las autoridades universitarias. En este sentido los orígenes del SUTUNICH son la de un sindicato charro, que se alió con la autoridad para obtener plazas y basificaciones sin importarle los resultados y el trabajo académico.

En los últimos años la alianza del sindicato con Guzmán Leyva fue estrecha, a punto tal que le concedió al sindicato la facultad de realizar de manera ilegal funciones de dirección y contratación académica y con esa atribución persigue, acosa y despide trabajadores. La UNICH tiene más de 80 demandas laborales por despidos injustificados realizados por el sindicato con el respaldo de Guzmán Leyva quien sobre la base de los hechos realiza las funciones de rector en la institución.

La UNICH a principios del año 2017 tenía 30 profesores de tiempo completo de los cuales 25 estaban en contra del sindicato. De estos 25 docentes la mayoría tenía el perfil PRODEP y 10 de ellos eran miembros del Sistema Nacional de Investigación. Varios de esos docentes ya no forman parte de la universidad, unos porque fueron corridos y otros porque decidieron abandonar la universidad, porque simplemente existe un clima laboral en el que resulta insoportable realizar actividades académicas.

En este inter del conflicto, la UNICH perdió la acreditación de todos sus programas de licenciatura, debido a que los maestros miembros del sindicato están más preocupados por la rapiña sindical, organizando paros y tomas de instalaciones, que en la de atender las observaciones de los CIEES para mejorar la calidad académica y la formación de los estudiantes.

El sindicato de ninguna manera representa los intereses de todos los docentes de la universidad, y la mezquindad que prevalece en las personas que controlan ese sindicato ya puso en riesgo el funcionamiento de ese proyecto universitario, que tiene sus raíces en los Acuerdos de San Andrés, que lamentablemente fue pervertido.

El sindicato con el fin de ganar simpatías en la sociedad realizó una serie de denuncias de actos de corrupción en el manejo de los recursos realizados por distintos rectores, pero callan al omitir que ellos fueron cómplices de muchos de esos actos de corrupción, en el que miembros del sindicato ocuparon cargos directivos y los líderes fueron beneficiados con la asignación de plazas sin concurso e incluso metieron a trabajar a muchos de sus familiares.

Ahora que la alianza del SUTUNICH con Guzmán Leyva se rompió, los miembros del sindicato se volvieron de pronto en demócratas preocupados por la educación de los pueblos indios y se dicen víctimas del autoritarismo del gobierno, pero aunque oculten su pasado reciente de persecutores, los grupos sociales en San Cristóbal conocen la historia de su comportamiento y desprestigio y difícilmente van a recibir la solidaridad de estos grupos.

Es lamentable y a todas luces condenable los métodos de violencia que el Estado utiliza para reprimir los movimientos sociales y es condenable la intervención policíaca en un recinto universitario. Pero no hay que confundir, la condena es contra la violencia institucional que se práctica hacia el trabajo universitario, pero no es una muestra de solidaridad y apoyo a un grupo sindical que se especializó en perseguir a trabajadores universitarios, que estableció el despido como método político de control de la universidad, que realiza prácticas de corrupción en la asignación de plazas y contratos y que por ambiciones personales destruyó el proyecto académico de la UNICH.

La UNICH tiene una razón social de ser y ese es el interés superior que debe prevalecer en la reanudación urgente del diálogo, de la apertura de las instalaciones y del regreso a todas las actividades académicas.