La incertidumbre electoral y la pasión que viene desatando las elecciones, está escalando a un punto en el que la violencia se puede convertir en el método para dirimir las diferencias políticas. De llegar a esta situación, el deterioro social será mayúsculo y la política, como ciencia fundamental para la construcción de sociedad, habrá perdido el sentido en la entidad.
Hasta ahora el interés de los actores políticos en su ambición en la lucha por el poder ha sido el de alimentar el encono, las intrigas palaciegas, el de financiar la guerra sucia y los ataques anónimos, en el que se perdió de vista, en que se viene abonando a la división y al enfrentamiento entre los chiapanecos, en donde resulta previsible que el ganador de la gubernatura tendrá difíciles condiciones de gobernabilidad y con varios municipios con conflictos poselectorales.
La obsesión en este momento es cómo ganar en la contienda y se dejó de lado el interés primario de cómo gobernar. En la etapa de precampaña, e inclusive meses antes, varios contendientes utilizaron ríos de dinero, seguramente recursos públicos o producto del diezmo obtenido en común acuerdo con proveedores y contratistas, en el que quedó de manifiesto, que el proceso electoral se va a ganar con dinero y no con ideas políticas y programas de gobierno.
En Chiapas hay una crisis grave de legalidad, que pareciera no tener relevancia. Y con frecuencia somos testigos de cómo los delitos electorales están a la vista de todos, así como la violación a los derechos políticos de la población, en el que se envían mensajes claros de impunidad, que refuerzan el clima de ilegalidad que se respira en Chiapas.
El gobernador es el responsable directo de la zozobra electoral que se está viviendo. Intervino las dirigencias de los partidos como si ellos fueran representativos. Y allí erró su estrategia, porque es público que tanto la dirigencia del PRD como la del PAN en la entidad, ganaron con el apoyo que se les brindó desde la casa de gobierno. Esto les resta de legitimidad y los invalida políticamente, en un ambiente de crisis de gobernabilidad como la que se está viviendo.
Pero los cálculos y la mala operación política revirtió las condiciones electorales. Sobre todo porque el período de registro de aspirantes a la gubernatura al interior de los partidos feneció a finales de enero y en el Partido Verde y en el PAN ni siquiera hubo convocatoria para abrir esa etapa de registro de candidatos. De allí que se estén generando fracturas política y conflictos electorales sin posibilidades legales para que haya un nuevo registro. Lo que significa que se continúa apostando a la ilegalidad, en donde se pretende registrar a candidatos que dejaron pasar el momento procesal de la etapa de registros. Seguramente pretenden sobornar a magistrados electorales, como lo hicieron en las elecciones del 2015.
Los tiempos se están agotando y la indefinición política va a ocasionar consecuencias poselectorales con riesgos fatales. De allí, aunque sea cuarto para las doce, lo recomendable es que el responsable de toda esta incertidumbre convoque al retorno a la legalidad, intente reunir a todos los aspirantes con el fin de construir un pacto de concordia electoral y establezca condiciones mínimas para un proceso electoral que limite la confrontación y la violencia en los electores.
