El proceso electoral en Chiapas se está realizando con una falta total de transparencia, lo que implica un descuido de las formas en la interpretación y aplicación de las reglas del juego democrático en el país, en donde prevalece la desinformación y la manipulación y en donde las indefiniciones del propio consejo general del IEPC, provoca que se promueva en las redes sociales la difusión de información tendenciosa o claramente falsa, que enturbia aún más el proceso.
Lo cierto es que los partidos han incumplido con los requisitos que marca la ley para el registro de coaliciones y de candidaturas comunes, y el IEPC, ha tomado decisiones que debilitan su credibilidad, al otorgar plazos para que los partidos subsanen las irregularidades de los acuerdos firmados.
Esto sucede con la candidatura común aprobada el fin de semana, que supuestamente está avalada por cinco partidos: PAN-PRD-Movimiento Ciudadano-Mover a Chiapas-Chiapas Unido.
Se dice supuestamente porque esa candidatura debe estar avalada por las dirigencias nacionales de los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, lo cual eso simplemente no sucedió, en donde las dirigencias estatales impulsaron este acuerdo de candidatura sin tener la atribución legal para firmarlo.
Ante esta inconsistencia el Consejo del IEPC debió de haber dejado sin efecto esta solicitud, sin embargo acordó otorgarle 72 horas para que integre debidamente el expediente, con la carta de aval de la dirección nacional del PRD y del PAN.
La integración de la alianza de estos cinco partidos era el propósito inicial del gobierno cuando se cerró el plazo para el registro de la carta de intención de los partidos para ir en coalición. Postura que desde ese momento fue rechazada por el PRD, manteniendo el acuerdo original del Frente por México integrado por el PRD-PAN-Movimiento Ciudadano. Por eso parece un absurdo que el IEPC haya otorgado las 72 horas, cuando en realidad debió de haber declarado como improcedente la candidatura común.
En esas 72 horas el gobierno va a realizar todo lo que esté a su alcance para que la dirección nacional del PRD ratifique la candidatura común, situación que significa corrupción. Esto produce que se deje sin opciones políticas a la población, en donde a los chiapanecos se le está sustrayendo el derecho que tienen a elegir libremente a sus gobernantes y se les impide la libre expresión de la voluntad de los electores. Que visto desde esa perspectiva, no tiene caso que hayan elecciones en la entidad y que menos que se destinen 170 millones de pesos a los partidos políticos.
Estas indefiniciones del IEPC afectan a la legalidad y a l certeza jurídica del proceso y se corre el riesgo, que nuevamente los consejeros sean sometido a una presión mediática tal y como se realizó