La degradación de la política en Chiapas se expresa con toda claridad, en el pobre desempeño que ha tenido el Congreso del Estado en los últimos 15 años. La forma cómo han funcionado las últimas seis legislaturas –la LX; LXI; LXII; LXIV; LV; LVI- ha sido vergonzoso.
En estos últimos 15 años, en el Congreso Local se han vivido traiciones, imposturas, ataques y renuncia a la autonomía de este poder, servilismo extremo al Ejecutivo, ausencia de debates y de posturas ideológicas, toma de decisiones que agravian a Chiapas y a los chiapanecos, corrupción por las dádivas adicionales que reciben los diputados por el voto a las iniciativas que lesionan a la sociedad, desprecio y pauperización a la actividad legislativa, etc., etc..
Los diputados locales en estas legislaturas no se caracterizaron por su brillantez. Más bien, han pasado a la historia por su incongruencia y servilismo, por su genuflexión al poder y por la forma en que se arrastran para obtener los beneficios extralegislativos.
Cuando la LX Legislatura, bajo la presidencia de Edgar de León Gallegos –con una mayoría priista de 26 diputados de un total de 40-, le entregó el control del Poder Legislativo a Pablo Salazar, desapareciendo la Presidencia de la Gran Comisión y con ello desapareciendo de un plumazo la mayoría del Congreso, en ese momento los analistas escribieron que difícilmente iba a existir una legislatura peor que esa. Pero todos los que opinaron de esa manera se equivocaron. La LXI fue peor.
Esa Legislatura, con mayoría priista, 24 de 40 diputados, aceptó dócilmente la creación de la Junta de Coordinación Política y acordaron, sobre la base de los hechos, la desaparición de la fracción mayoritaria del PRI para sumarse a las huestes de Pablo Salazar, quien los benefició económicamente, pero también los trató con desprecio. De esta Legislatura salió Juan Sabines para ocupar la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez.
La LXI Legislatura rápidamente se ganó el mote de ser la peor de la historia de Chiapas. Pero la pauperización de los diputados y de las Legislaturas continuó. La LXII Legislatura fue peor que las anteriores. A esta Legislatura, ya sin una mayoría simple de ningún partido, le tocó aprobar la aberrante reforma electoral propuesta por Pablo Salazar y redactada por Amador Rodríguez Lozano, lo que le dio un cheque en blanco para que él organizara las elecciones y hacer ganar a sus candidatos.
Esa Reforma disminuyó las atribuciones del Instituto Estatal Electoral y se convirtió en el principal instrumento para limitar los actos anticipados de campaña de los candidatos que no contaban con el aval del gobernador; así como la atribución para vigilar la transparencia del financiamiento en las campañas y precampañas de los partidos políticos y la vigilancia del desarrollo de las campañas políticas durante el proceso electoral: para ello se crearon la Contraloría de la Legalidad Electoral y la Fiscalía Electoral, mismas que actuaron en beneficio de los candidatos que tenían la venia del gobernador, lo que generó que se pasaran por alto las irregularidades documentadas de los actos de campaña de Juan Sabines, con el fin de hacerlo ganar a toda costa.
La LXIII Legislatura tuvo un comportamiento peor que las anteriores. Inició con las autorizaciones para que el gobierno de Juan Sabines endeudara a Chiapas. Esto mismo hizo la minilegislatura de la LXIV, quien históricamente tiene una corresponsabilidad en la autorización del sobreendeudamiento que padece la entidad, que pone en serios riesgos el futuro de los chiapanecos.
En ese tobogán de la pauperización política del Congreso Local, se encuentran las Legislaturas de este gobierno: La LXV y la LXVI Legislatura. A la primera le tocó la aberrante y antichiapaneca decisión de exonerar a Juan Sabines del derroche y corrupción presupuestaria que se vivió en esa administración, que canceló el futuro de los chiapanecos. Pero la Legislatura actual no se salva del entreguismo, malas decisiones y vergonzoso desempeño, donde durante dos años no hubo rotación de la presidencia del Congreso y en el que se efectuaron nombramientos de magistrados en el Supremo Tribunal de Justicia que contravienen los principios constitucionales y que mantienen en la ilegalidad al Poder Judicial.
Con esa medida, los diputados locales demuestran que su principal función es la de legislar en contra de las prácticas democráticas y de los intereses de la sociedad chiapaneca. La degradación de ese desempeño ha llegado a un extremo en la que los diputados se conforman con desempeñar el papel de sicarios al servicio del poder, olvidando por completo que ellos representan un Poder y que sobre ellos recae la soberanía de Chiapas.
La historia política de las Legislaturas en Chiapas resulta de verdad patética, en virtud de que la pauperización de los diputados llegó a un nivel de deterioro, en la que cada nueva legislatura que integra al Congreso resulta peor que la anterior.
