La Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca exigió “justicia” para 33 defensores de derechos humanos que se encuentran bajo procesos judiciales y solicitó una reunión con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para revisar este tema que plantea la agenda del movimiento social del país.
Las 10 organizaciones que integran la Coordinación también exigieron al actual mandatario, Enrique Peña Nieto, y al gobernador, Alejandro Murat, que saquen las manos de los procesos judiciales fabricados por sus regímenes priistas.
En un comunicado, destacaron que “la deuda histórica que deja el dicho régimen a Andrés Manuel López Obrador en materia de justicia, la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país, la política represiva implementada por este gobierno hacia los pueblos organizados en defensa de sus derechos dejó como daños irreparables la muerte, desaparición forzada y detención arbitraria de decenas de compañeros y compañeras que ejercían la digna labor de defensa de los distintos derechos de nuestros pueblos”.
Además, mencionaron que quienes se oponían a la implementación de las “mal llamadas” reformas estructurales, defendían territorio, rechazaban el ecocidio y la entrega desmesurada de los recursos naturales al capital extranjero, hoy están privados de su libertad desde hace 11 años.
Durante ese tiempo, agregaron que han padecido procesos jurídicos “viciados, aletargados para prolongar con ello un castigo de Estado”, con actuaciones fuera de toda legalidad por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), jueces federales, Fiscalía del Estado de Oaxaca y Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Los inconformes destacaron que todos los expedientes judiciales integrados contra los activistas comparten entre sí un patrón de conducta de Estado que utiliza el sistema de justicia mexicano para criminalizar la labor de quienes defienden derechos humanos en el país.
Y es que, destacaron, los expedientes son armados para criminalizar e integrados con severos vicios y violatorios del debido proceso, pese a ello los jueces continúan aplicando la mano dura del Estado retardando los cierres de los mismos o sentenciando condenatoriamente.
Entre las 33 personas defensoras de derechos humanos criminalizadas en Oaxaca se encuentran: Damián Gallardo Martínez (Opinión ONU nº 23/2014), Librado Baños Rodríguez (Opinión ONU nº19/2015), Enrique Guerrero Aviña (Opinión ONU nº55/2015), Pablo López Alavés (Opinión ONU nº 23/2017), Norma Cleyver Cruz Vázquez, William García Méndez, Nicaso Zaragoza Quintana, Felipe Rojas Ordunio, Teófilo García López, Antonio Zárate Bernal, Joaquín Zárate Bernal; y Luis Enrique López López, Jesús Eduardo Sánchez Silva, José De Jesús Martínez Castellanos, y Diblallín Islas Rosas.
También: Jaime García Matías, Luis Matías Hernández, Erick Omar Rodríguez Santiago, Bailón Rojas Gómez, Eugenio Hernández Gaytan, Celso Castillo Martínez, Germán Guadalupe Mendoza Cruz, Santiago García Espinoza, José Alberto Andrés López, Usiel Matías Hernández, Erick González Guillen, Eleuterio Hernández Bautista, Javier Aluz Mancera, José Enrique Ordaz Velasco, Humberto Castellanos López, Feliciano García Matías, Eduardo Palma Santiago y Jorge Chonteco Jiménez (integrantes de la Corriente del Pueblo Sol Rojo Opinión ONU nº17/2016).
Sin embargo, los denunciantes rechazaron la posibilidad de que obtengan su libertad mediante una amnistía o un indulto. Por ello, pidieron que se realice una revisión exhaustiva “a la luz de la serie de actuaciones viciadas y corruptas por parte del sistema de procuración de justicia, lo cual se traduciría en retirar la línea política de Estado que está sobre sus expedientes”.
Desapariciones y exilios
La Coordinación denunció la desaparición forzada y el exilio político como graves consecuencias de la legitima labor de defensa de los derechos humanos.
Por ello, exigió la presentación con vida del defensor Ernesto Sernas García, abogado de integrantes de Sol Rojo, desaparecido desde el pasado 10 de mayo.
Además, exigió garantías para el regreso de los defensores indígenas Raúl Gatica Bautista y Juan Sosa Maldonado, en exilio político desde 2005 y 2014, respectivamente, luego de sufrir graves atentados contra su vida.
Finalmente, pidieron la liberación inmediata, cancelación de los procesos arbitrarios y reparación del daño causado a los mismos, tal como lo señalan las diversas Opiniones de Naciones Unidas emitidas en cada uno de los casos, pues recordaron que en la mayoría de los casos, los defensores detenidos tienen “graves afectaciones y daños irreversibles a su salud producto de la detención arbitraria y la tortura al momento de su detención, así como al interior de los centros penitenciarios en los que han sido recluidos”.
