El Juzgado Tercero de Distrito concedió un amparo a la comunidad mixe de Jaltepec de Candayoc para que los gobiernos federal y estatal garanticen a los pobladores “el ejercicio efectivo al acceso a una salud de calidad, sin obstáculos ni discriminación de ningún tipo”.
La comunidad –perteneciente al municipio de San Juan Cotzocón– recurrió a los tribunales ante la omisión y abandono del presidente Enrique Peña Nieto y el gobierno de Oaxaca para garantizar su derecho a la salud, y cinco años después logró finalmente la garantía constitucional.
En un hecho sin precedentes, el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito con sede en Oaxaca ordenó a los gobiernos de Peña Nieto y de Alejandro Murat Hinojosa que provean de inmediato lo necesario para subsanar las omisiones, y ordenen la ampliación y adecuación de las actuales instalaciones del centro de salud de la comunidad referida, cuya población es de 3 mil 500 habitantes.
En conferencia de prensa, la presidenta de Servicios del Pueblo Mixe (SER), Sofía Robles Hernández, y el líder del Departamento de Derechos Indígenas, Juan de Dios Ortiz Cocha, advirtieron que la comunidad estará pendiente de que se cumpla la sentencia.
La autoridad judicial ordenó convertir el centro de salud de Jaltepec en un espacio de primer nivel, para lo cual deberá incrementarse el personal y los servicios de la clínica con los que cuenta actualmente, además de incluir la sala de atención de partos.
También deberá tener una sala de urgencias y sala de espera; ambulancia; farmacia con medicamentos suficientes; laboratorio y demás servicios de diagnóstico; atención de partos y urgencias las 24 horas, los 365 días del año.
De igual manera, deberá ampliarse el horario de servicio, así como al personal hablante de la lengua ayuuk/mixe de la variante de la comunidad o la contratación de intérpretes.
Asimismo, los servicios deben incluir medidas de atención especial a las mujeres afectadas por violencia por razones de género.
De acuerdo con los pobladores, se trata de una sentencia sin precedentes que debería marcar la pauta sobre las medidas que el nuevo gobierno de la República, en coordinación con los gobiernos de los estados, debe implementar, a fin de garantizar a las personas, especialmente mujeres y comunidades indígenas, el derecho a la salud, sin esperar a que cada comunidad cuente con condiciones para litigar durante más de cinco años, como ocurrió en este caso, para lograr una sentencia.
El amparo fue interpuesto y tramitado por la comunidad con apoyo de la organización oaxaqueña Servicios del Pueblo Mixe, así como Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, después de años de denuncias y gestiones ante el gobierno de Oaxaca y el federal.
Según los habitantes de Jaltepec de Candayoc, con la implementación de programas como “Prospera”, el centro de salud disminuyó su capacidad de atención para dedicar la mayoría de su limitado tiempo a la administración del programa.
Sin embargo, con la sentencia emitida las autoridades responsables están emplazadas a darle un giro. Por lo pronto, esta misma semana deberán informar al Juzgado Tercero de Distrito sobre las medidas de cumplimiento, pues de no hacerlo se hará efectiva una multa y se abrirá un proceso que podría desembocar en la destitución de los servidores públicos demandados.
A la conferencia de prensa también asistieron el agente municipal de Jaltepec de Candayoc, Guillermo Peralta Pablo, y el comisariado de Bienes Comunales, Bardomiano Martínez Escobar.
