El Juzgado Décimo Primero de Distrito concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo indirecto promovido por 12 magistrados contra actos del Poder Ejecutivo estatal y de la LXIII Legislatura local para desaparecer el Consejo de la Judicatura (CJ).
El pasado 31 de julio, el Congreso local aprobó el decreto 1539 (publicado el 1 de agosto en el Periódico Oficial) que desaparece el Consejo de la Judicatura y crea la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
En respuesta, los magistrados Ana Mireya Santos López, Luis Enrique Cordero Aguilar, Camerino Patricio Dolores Sierra, René Hernández Reyes, Narciso Abel Alvarado Vásquez, Tito Ramírez González, Sonia Luz Ireta Jiménez, José Luis Reyes Hernández, José Luis Ríos Cruz, Leandra Jaquelina Ortega Ramírez, Rogelio Gabriel Morales Cervantes y Alfredo Lagunas Rivera, interpusieron un amparo.
Al conceder la salvaguarda a los inconformes, el juez federal José Luis Evaristo Villegas precisó que el Consejo de la Judicatura no puede desaparecer y, además, la Junta de Administración no puede operar hasta que el juez analice la constitucionalidad y legalidad de la reforma.
En ese sentido, solicitó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al Congreso local que en un plazo de 48 horas rindan un informe que justifique la desaparición del Consejo de la Judicatura y el por qué de manera anticipada se dio por concluida la designación de los consejeros.
Además, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Oaxaca, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, deberá abstenerse de materializar el funcionamiento de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado.
Y es que en el juicio 753/2018, Bolaños Cacho no pudo dar sustento legal a su pretensión de retirar de manera anticipada a los consejeros de la Judicatura. Y con la resolución emitida este martes, el Poder Judicial Federal echó por tierra el decreto 1539 por su ilegalidad.
Bolaños Cacho Guzmán, padre del actual senador priista Raúl Bolaños Cacho Cué, ha sido cuestionado por su “asunción ilegítima y vergonzante”, razón por la cual el doctor en Derecho Rafael García Zavaleta solicitó la desaparición de poderes en Oaxaca, porque uno de ellos, el Judicial, está constituido de manera ilegal, dijo en su momento.
García Zavaleta presentó la demanda de amparo contra la designación de Raúl Bolaños Cacho Guzmán por el delito de “ejercicio indebido de funciones” y contra el pleno del Tribunal Superior de Justicia por “abuso de autoridad”.
Por otra parte, magistrados del TSJ exigieron a Bolaños Cacho Guzmán transparentar alrededor de 70 millones de pesos que retiró de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a los trabajadores en 2012, 2013 y 2014.
