Una decena de organizaciones sociales zacatecanas se agrupó para pronunciarse públicamente en contra de la construcción de la presa de Milpillas, así como para repudiar la intervención de autoridades estatales y de la Procuraduría Agraria en la asamblea del ejido El Potrero efectuada el domingo, utilizando la fuerza pública, “para manipular la aprobación del proyecto” controlando el acceso de ejidatarios a la misma.
Además, responsabilizaron al gobernador priista Alejandro Tello Cristerna y al gobierno federal de la represión hacia ejidatarios inconformes y defensoras de derechos humanos como la Maestra en Ciencias Grecia Rodríguez, quien fue agredida e intimidada por policías estatales durante la asamblea del domingo en este ejido, ubicado en el municipio de Jiménez del Teul.
Organizaciones como la Red plural de mujeres, el Sindicato independiente de trabajadores, El Barzón y el Frente popular de lucha de Zacatecas estuvieron presentes en este pronunciamiento, en el que acusaron al gobierno de Tello Cristerna y al gobierno federal –a través de Conagua- de desinformar a los afectados sobre el impacto de la construcción de la presa, las implicaciones que tendrá el desvío del agua del río Milpillas por esta obra y “los verdaderos intereses de las empresas que están detrás de este proyecto”, mismo que afectaría a 19 ejidos.
En este sentido, refirieron que tanto la presa como el acueducto de más de 150 kilómetros que se pretende construir para abastecer de agua al corredor Fresnillo, Calera, Guadalupe y la capital zacatecana, en realidad favorecería ampliamente a empresas mineras y a la cervecera que opera en esta misma región, industrias que utilizan millones de metros cúbicos de agua al año.
“Exigimos a Tello transparentar los intereses de las empresas que están detrás…este no es un hecho aislado”, sino parte del embate contra el derecho al agua que se ha emprendido por el gobierno de Enrique Peña Nieto, dijeron.
Según narraron, el domingo Grecia Rodríguez, en su calidad de integrante del Observatorio de conflictos mineros en el estado, registraba el desarrollo de la asamblea cuando decenas de agentes de la Policía estatal irrumpieron en el ejido El Potrero, cercaron el salón agrario y controlaron el ingreso a la asamblea.
“La asamblea fue totalmente vulnerada por la Procuraduría Agraria, quien en contubernio con el gobernador, pretenden imponer el proyecto de la presa”, con la presencia de cien efectivos de la Policía Estatal, la alcaldesa Victorina Espinoza Sánchez; Francisco Godoy, delegado de la Procuraduría Agraria; el subsecretario de gobierno Alfonso del Real y el titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, Luis Fernando Maldonado.
El gobierno estatal pretendió lavarse las manos y justificó la presencia de la Policía estatal por solicitud de la alcaldesa de Jiménez del Teul. El Secretario de Seguridad Ismael Camberos, afirmó que la activista Grecia Rodríguez fue despojada de su teléfono celular “porque ella primero golpeó a un policía con el teléfono”.
“A la maestra en Ciencias Grecia Rodríguez…la lanzaron contra el muro, la amenazaron, la cuestionaron a gritos; sacaron a empujones a otra mujer que estaba en la asamblea…hacemos responsable al gobernador Alejandro Tello de su integridad física y psicológica”, dijo la representante de la Red plural de mujeres, María Luisa Sosa.
Por este caso ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal.
En tanto que la Red Nacional de Afectados por la Minería (REMA), que divulgó la agresión del domingo, anunció que continuará respaldando a los ejidatarios opositores a la presa y el acueducto, que de ser construidos implican que este ejido sería inundado, señalaron.
El representante del Sindicato independiente de trabajadores expuso las contradicciones e imprecisiones entre los datos que sobre la obra tienen las distintas dependencias, pues según citó, mientras Conagua refiere que serían 259 hectáreas las impactadas, Semarnat menciona 284 hectáreas.
“Se menciona en estudios de factibilidad que habrá menos agua para consumo humano y riego aguas debajo de la presa, esto puede producir molestias e inconformidades sociales de comunidades, pero no se incluye un análisis de estos impactos”.
También mencionó que se incrementará el costo del agua, ya que la empresa privada que construye el acueducto tendrá derecho a operarlo durante 25 años, con la posibilidad de incrementar las tarifas para los habitantes de los municipios que la recibirán.
