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Empresa desacata orden judicial para suspender operaciones en mega granja, denuncian pobladores de Homún

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Las agrupaciones civiles Ka’anan Ts’onot e Indignación denunciaron que la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (Papo), solapada por autoridades, desacató la orden judicial para suspender operaciones en la mega granja porcícola instalada en el municipio maya de Homún, donde se encuentra la principal zona de recarga de los cenotes de Yucatán.

 

En tanto se resuelve el amparo solicitado por los pobladores que se oponen a que esa granja opere en el sitio, el pasado 1 de octubre un juez federal ordenó a la empresa suspender sus actividades, retirar a sus animales y evitar el vertido de sus aguas como medida precautoria.

Se le advirtió en el resolutivo judicial que el incumplimiento de la disposición podría dar lugar a responsabilidades penales y civiles, así como a la inhabilitación en el caso de autoridades involucradas. Incluso se señala expresamente que de ser necesario se usará la fuerza pública para detener las operaciones de la mega granja porcícola.

En conferencia de prensa, representantes de Ka’anan Ts’onot (Guardianes de los Cenotes) --agrupación civil en la que se constituyó la población de Homún para defender sus recursos naturales-- e Indignación, avocada a la defensa de los derechos humanos, recordaron que venció el plazo judicial para que la empresa cumpliera la disposición, pero no lo hizo.

Por ello, los denunciantes presentaron en el juzgado un recurso por incumplimiento. 

El 24 de octubre, al reiterar dicha suspensión, el juez explicó a qué se refería con paralizar actividades. La mega granja porcícola ha tenido un mes para retirar a los cerdos del lugar y no lo ha hecho. Lleva un mes en desacato.

Una comisión de diputados “que parece maniobrar a favor de la empresa porcícola”, respaldando la violación al mandato judicial, visitó las instalaciones el pasado lunes 5 y expresó opiniones favorables a la operación de la granja.

“Los diputados insisten en desconocer o ignorar la determinación del pueblo de Homún, que rechazó la mega granja porcícola a través de una consulta organizada por el propio pueblo maya en ejercicio de su libre determinación. Los resultados de esa consulta se entregaron a la actual legislatura”, destacaron los denunciantes. 

Y recalcaron que “el pueblo de Homún no sólo no ha autorizado, sino que ha manifestado su rechazo a la operación de una mega granja de tales dimensiones en plena zona de recarga del anillo de los cenotes”.

La mega granja tiene una capacidad instalada para manejar 49 mil cerdos y carece de plantas de tratamientos de aguas residuales. 

Los afectados recordaron que el plazo original para que la empresa cumpliera la orden judicial venció hace un mes, y aunque el juez le dio una prórroga de 30 días para suspender actividades, que venció anoche, también lo desacató.

“No se puede, entonces, entender la visita de las y los diputados sino como una maniobra de la empresa para burlar la determinación judicial y la decisión del pueblo de Homún”, subrayaron. 

De igual manera, reprocharon que “la insistencia del Congreso en ignorar la determinación del pueblo de Homún muestra un absoluto desdén y desconocimiento de los derechos del pueblo maya que pone en riesgo no sólo a Homún sino a todo el pueblo maya de Yucatán”. 

Consideraron que el Congreso del estado “parece burlarse de la autoridad judicial, al participar en una visita a una granja cuyo funcionamiento implica un desacato a la juez cuarta de distrito y una maniobra tramposa de la empresa para desobedecer la orden judicial”.

La mega granja –añadieron-- “ha incurrido en irregularidades para establecerse y operar sin autorización de la comunidad en territorio de un pueblo maya y en plena zona de recarga del anillo de los cenotes. 

“La tecnología apropiada por supuesto debe exigírsele a las granjas y mega granjas, pero ¿por qué en Homún? ¿Por qué en la zona más sensible para el agua?”.

Finalmente, advirtieron que Homún decidió no ser el espacio de prueba ni poner en riesgo la salud de la población y sus recursos naturales. “En cambio decidimos defender a la infancia, nuestros cenotes, el agua y el derecho de nuestro pueblo a decidir sobre nuestra vida y nuestro territorio”.