La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo pública una comunicación dirigida al gobierno mexicano en julio pasado, donde expresa su preocupación sobre el caso Tlanixco, cuya sentencia, que condenó a seis defensores indígenas por la muerte del empresario Alejandro Isaak Basso, cumple un año este martes.
Los defensores fueron condenados a 50 años de prisión en 2017 y privados de sus derechos en un caso relacionado con un conflicto de agua en la comunidad indígena nahua de San Pedro Tlanixco.
La sentencia fue pronunciada sobre la base de testimonios cuya credibilidad “se ve seriamente socavada por incluir señalamientos contra personas que no podían estar en el lugar de los hechos”, según la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
“El proceso judicial relativo al mencionado caso carecería de las garantías del debido proceso, y la condena a 50 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad habría sido adoptada para criminalizar a las personas defensoras involucradas en la defensa del derecho al agua”, destaca el documento.
Los procesos judiciales seguidos a Dominga González Martínez, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Rómulo Arias Mireles, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González “se habrían visto afectados por varias irregularidades”, apunta.
Y entre las anomalías enlista la “ponderación basada exclusivamente en declaraciones de los testigos de cargo que no estaban presentes en el momento y lugar del hecho delictivo; valoración de testimonios incoherentes e inverosímiles; desigualdad frente a los tribunales y en el acceso a la justicia; no respeto al principio de individualización de la pena; verificación de una inversión del onus probandi y consecuentemente violación del principio in dubio pro reo”, además del desconocimiento de la calidad de pueblo originario durante los juicios.
Históricamente, el agua del río Texcaltenco fue utilizada por la comunidad para uso doméstico y agrícola, pero en los años 80 varias empresas florícolas, nacionales e internacionales, se asentaron en el municipio de Tenango del Valle, colindante con Villa Guerrero, y formaron la Asociación de Usuarios del Río Texcaltenco, presidida por el empresario español Alejandro Isaak Basso.
En 2002, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anuló la concesión de la que gozaba la comunidad indígena de Tlanixco y la entregó al municipio de Villa Guerrero para uso comercial por las empresas referidas, “con el apoyo de actores gubernamentales e importantes empresas, mientras que la comunidad no fue consultada adecuadamente sobre el cambio de concesión y uso del agua”.
Los pobladores aseguran que desde entonces su acceso al agua se vio afectado y durante largos periodos se quedan sin ella para consumo humano. Por eso se movilizaron para denunciar la violación de ese derecho, y organizaron marchas y mítines.
La Secretaría General de Gobierno del Estado de México convocó a mesas de trabajo con la Conagua, los afectados y empresarios, sin que el conflicto se solucionara.
La muerte de Alejandro Isaak Basso ocurrió el 1 de abril de 2003, cuando entró a la comunidad acompañado por 11 personas, porque el agua llegaba “espumosa” a Villa Guerrero.
Los indígenas percibieron esta acción como una posible agresión e hicieron tañer las campanas de la iglesia para reunir a la comunidad; los empresarios fueron interceptados por un grupo de aproximadamente 300 personas, pero menoscabaron a los vecinos por su condición indígena, y los presentes decidieron llevar a aquellos a la delegación para que, mediante asamblea, decidieran la forma de resolver el conflicto, según usos y costumbres.
En el camino se hicieron dos grupos que tomaron diferentes rutas: el primero se llevó a Isaak Basso, “quien falleció en circunstancias todavía inciertas, caminando por un camino escarpado. Su cuerpo fue encontrado en el fondo de una barranca de 300 metros de profundidad”.
Las otras 11 personas de la Asociación de Usuarios del río Texcaltenco presentaron denuncias ante la autoridad jurisdiccional, inicialmente por privación ilegal de la libertad, y luego por el homicidio de Isaak Basso.
En los meses posteriores, hasta 100 policías habrían entrado a la comunidad con órdenes de arresto en varias ocasiones y “actuado con gran violencia –tanto física como psicológica– hacia los habitantes… En algunos de los operativos realizados durante la madrugada, los policías habrían retirado de sus viviendas a personas desnudas o en ropa interior, sujetándolas contra el piso en las calles”.
En su comunicado, la ONU demanda al Estado mexicano información para esclarecer el caso y la protección de los derechos de los detenidos, pues “sin implicar de antemano una conclusión sobre los hechos o el fondo de los juicios, quisiéramos señalar nuestra grave preocupación por el hecho de que las acusaciones presentadas y las sentencias adoptadas… no parezcan estar basadas en pruebas imparciales y que, en consecuencia, no se les proporcionó una oportunidad justa para defenderse ante los tribunales ni/o un debido proceso legal”.
