Exigen a AMLO la cancelación inmediata y definitiva de las concesiones mineras en Oaxaca

Pueblos zapotecos de los Valles Centrales de Oaxaca conformaron un frente contra la minería y emitieron un pronunciamiento para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que honre su palabra y dé atención especial a los pueblos indígenas de México.

Las comunidades y organizaciones agrupadas en el ‘Frente No a la Minería, por un Futuro de Todas y Todos’, exigieron al presidente de la República la cancelación inmediata y definitiva de las concesiones mineras impuestas, toda vez que “90 mil hectáreas de nuestros territorios han sido concesionados a la empresa canadiense Fortuna Silver Mines”.

Asimismo, recordaron a López Obrador la palabra empeñada en su toma de protesta, el 1 de diciembre de 2018, cuando públicamente dijo: “Vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México. Es una ignominia que nuestros pueblos mexicanos vivan bajo la opresión y la pobreza a cuestas”.

Las comunidades zapotecas hicieron saber al Ejecutivo que “la minería representa opresión, pobreza y despojo de nuestros bienes comunes, ya que bajo ninguna circunstancia es una opción de desarrollo”.

De acuerdo con los inconformes, entre los puntos que exigirán a López Obrador en su próxima visita a Oaxaca, programada para el próximo jueves 21, destaca la cancelación del proyecto minero “San José”, ubicado en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán, así como una investigación exhaustiva y castigo ejemplar a los funcionarios del gobierno federal y estatal por encubrimiento en la instalación de la empresa minera Cuzcatlán.

De igual forma, solicitarán la generación de mecanismos e instrucciones para la reparación integral del daño a las personas afectadas por la instalación y operación de la empresa minera en la comunidad de San José del Progreso.

Y que se realice una investigación imparcial y exhaustiva de responsabilidad penal y administrativa a raíz de la contaminación del río El Coyote, provocada por la empresa minera Cuzcatlán, y la reparación integral del daño a los pobladores por los impactos generados.

Además, que se ordene la creación de una comisión independiente con la participación de las comunidades afectadas, para una auditoría ambiental, social y de derechos humanos al proyecto minero “San José”.

Los pueblos zapotecos también insistieron en que se respete la determinación de las comunidades que han declarado a sus territorios prohibidos para proyectos mineros, en ejercicio de los derechos de autonomía y libre determinación reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas.

Finalmente, exigieron replantear el modelo económico por uno basado en el fortalecimiento de los pueblos originarios, los cuales han manifestado su profundo rechazo al extractivismo y los proyectos mineros que afectan a las comunidades indígenas y violentan sus derechos humanos.

Explicaron que el ‘Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos’ está integrado por 16 comunidades y organizaciones de los Valles Centrales de Oaxaca que se han pronunciado así: “¡Sí a la vida no a la minería!” y “¡Oaxaca territorio prohibido para la minería!”.

Destacaron que, a través de asambleas generales, agrarias y municipales en las comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula, ya decidieron por el “sí a la vida, no a la minería”.

Sin embargo, a “pesar de que hemos manifestado nuestra oposición por las vías legales, en nuestros territorios se encuentra operando comercialmente el proyecto minero San José en el municipio de San José del Progreso, que pretende expandirse hacia nuestras comunidades”.

Denunciaron que la empresa canadiense Fortuna Silver Mines ha producido un daño severo al tejido social de San José del Progreso, donde hasta el momento cuatro personas han sido asesinadas en el marco del conflicto, entre ellas dos defensores comunitarios. Y recientemente el conflicto en el municipio se ha intensificado a partir de la pretensión del presidente municipal, Servando Díaz Vásquez, por “recuperar” el palacio municipal.

Eso sin contar el clima de hostigamientos y amenazas hacia miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.

Para rematar, hicieron hincapié en que, por la negligencia de Fortuna Silver Mines, también se produjo un derrame de la presa de jales hacia el río El Coyote, en el municipio de Magdalena Ocotlán, en octubre del año pasado. La comunidad presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin embargo, en febrero de 2019 esa institución declaró públicamente que la “minera canadiense no contaminó suelo en Oaxaca”.