Morena inhabilita a 32 de sus 36 diputados del Edomex por avalar refrendo de placas

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolvió inhabilitar de sus derechos partidarios (por lo que tampoco podrán ser candidatos o integrantes de los órganos internos de dirección) durante un periodo de seis meses, a 32 de sus 36 diputados en el Congreso mexiquense, por avalar el incremento de 17% al refrendo vehicular para 2019.

La sanción al diputado Nazario Gutiérrez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes (quien primero comprometió la desaparición del impuesto sobre tenencia vehicular pero después se retractó y adicionalmente avaló el aumento al refrendo y el condicionamiento del subsidio de la tenencia al pago del refrendo de placas dentro de los primeros seis meses del año), será del doble, es decir, por un periodo de 12 meses.

Los legisladores a los que aplicará la primera sanción, contada a partir de la notificación, son: Maurilio Hernández, Valentín González, Gabriel Gutiérrez Cureño, Gerardo Ulloa, Tanech Sánchez, Faustino de la Cruz, Max Correa, Mariana Uribe, Azucena Cisneros, Karina Labastida, Liliana Gollás y Mónica Álvarez Nemer.

Además, a Montserrat Ruíz, Benigno Martínez, Rosario Elizalde, Rosa María Zetina, Bryan Tinoco, Alfredo González, María de Jesús Galicia, Juan Pablo Villagómez, Julio Hernández, Anais Burgos, Emiliano Aguirre, Margarito González, Adrián Galicia, Nancy Nápoles, Violeta Nova, Berenice Medrano, Camilo Murillo, Jorge García y Xóchitl Flores.

El castigo también se aprobó para Claudia González Cerón y Crista Amanda Spohn Gotzel, pero ambas renunciaron a Morena y migraron a las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), respectivamente.

Sólo Beatriz García Villegas, Elba Aldana, Alicia Mercado y Elizabeth Millán no fueron sancionadas, en virtud de que votaron contra las propuestas.

La inhabilitación incluye la imposibilidad de “participar en los órganos de dirección y representación de Morena o para ser postulado por este instituto político, ya sea de manera directa, coalición o candidatura común a un cargo de elección popular, por el principio de mayoría relativa o representación proporcional”.

Ningún proceso en puerta

En el Estado de México no está en puerta ningún proceso electoral, de tal manera que la sanción ya habrá concluido para 2021. Sin embargo, está pendiente la renovación de la dirigencia estatal que extraoficialmente se preveía para octubre próximo.

La sanción también implica la “inmediata destitución de cualquier cargo que ostente dentro de la estructura organizativa de Morena” el diputado, por lo que no se descarta la remoción, al menos temporal, del coordinador parlamentario.

La conducta que dio origen a la sanción, fue la aprobación, el 20 de diciembre de 2018, del refrendo vehicular, lo que fue interpretado por los militantes denunciantes como una violación a los documentos básicos del partido que comprometen no aumentar impuestos, si bien los legisladores arguyeron que la apreciación es incorrecta porque éste es un derecho y no un impuesto.

La mayoría parlamentaria justificó que la medida tenía por objeto aminorar el impacto del subsidio a la tenencia en las finanzas públicas estatales, lo que a su vez allegaría mayores recursos a los municipios.

“Dejar de observar los principios y el plan de lucha es grave en virtud de que de estos documentos se desprenden las aspiraciones superiores de nuestro partido político y los cauces por los que se debe regir el ejercicio del poder (obtenido en las urnas) de los representantes populares electos por Morena”, advierte la resolución.

La ciudadanía, refieren los comisionados Gabriela Rodríguez, Héctor Díaz Polanco, Adrián Arroyo Legaspi y Víctor Suárez, “otorga el voto a Morena en apoyo al proyecto de nación que se plasma en nuestros documentos básicos, por lo cual el acto de dejar de incluir estos principios en el ejercicio de su cargo es un atentado en contra de los fines de nuestro partido, por lo cual esta conducta se califica como grave”.

La decisión, aún puede ser combatida por los legisladores por la vía de los Tribunales Electorales, lo que se espera sea definido de manera colectiva a más tardar el jueves próximo.