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Indígenas de San Francisco Xochicuautla logran Plan de Desarrollo Integral a cambio de autopista

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Después de 12 años de lucha por la defensa del territorio, el Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla alcanzó acuerdos con el gobierno del Estado de México y la empresa TEYA, filial del Grupo HIGA, en la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

En conferencia de prensa, el Consejo Supremo recordó que la lucha que emprendieron contra el proyecto carretero, para el que no fueron consultados, terminó en una estela de abusos, amenazas e invasión de terrenos, ante un avance del 93.7% de la obra, por lo que a partir de abril de 2016 decidió sentarse a negociar para dar una salida “alternativa al conflicto”.

Como resultado de las negociaciones, con el respaldo de un equipo multidisciplinario de expertos y la observación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), los indígenas de Xochicuautla lograron garantizar “la relación ancestral con nuestras montañas, así con nuestros lugares sagrados”.

Uno de los principales logros de las negociaciones fue alcanzar “una alternativa técnicamente superior a la del gobierno y la empresa” constructora de la autopista, que tiene 39. 9 kilómetros de longitud, de los cuales a Xochicuautla, municipio de Lerma, sólo le afectan 2 mil 300, el 6.3% del total.

Los integrantes del Consejo resaltaron que los restantes 37 kilómetros ya construidos atraviesan a otros 10 pueblos o comunidades, donde “la estrategia de intimidación, represión y hostigamiento hizo que estos pueblos desistieran de la lucha, y en algunos casos no hubo resistencia al paso de la autopista”.

De igual manera, explicaron que gracias a la negociación arrancaron a la empresa la construcción de 10 pasos vehiculares y peatonales hacia la región boscosa, que en el proyecto original mantenía a la comunidad indígena prácticamente aislada, con sólo dos pasos hacia sus sitios sagrados.

Durante dos años de negociaciones alcanzaron un “Plan de Desarrollo Integral” para toda la comunidad en materia de educación, cultura, salud, deporte, productiva, forestal y de infraestructura.

En el pronunciamiento leído en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, también hablaron de las dificultades que tuvieron que pasar para mantener su lucha por la defensa de la tierra.

“Nos golpearon, nos reprimieron y dividieron a nuestra comunidad. Perdimos 12 años preciosos de compartir con nuestras familias, recorrimos todo el país y parte del mundo difundiendo nuestra lucha. No nos sentamos a esperar a que otras y otros pelearan lo que nos toca hacer. No nos vencieron”, puntualiza el documento leído por el Consejo Supremo.

Armando García Salazar, integrante de ese cuerpo indígena, señaló que después de dos años de negociaciones con la empresa y el gobierno del Estado de México, la comunidad de San Francisco Xochicuautla, con más de 7 mil habitantes, logró las 10 conexiones al bosque, “le arrebatamos más de mil millones de pesos de su proyecto original, preservación de nuestras rutas de peregrinaje y nuestros sitios sagrados”.

García Salazar recordó que el saldo de la lucha de 12 años fueron 22 personas detenidas, entre ellas él, así como la destrucción de viviendas, la suya incluida, en abril de 2016.

Destacó que durante este tiempo los comunitarios indígenas interpusieron siete amparos, de los cuales tres siguen su curso y “son nuestra garantía de que la empresa y el gobierno del Estado de México van a cumplir los acuerdos”.

En entrevista con Apro, agregó que el Consejo Supremo decidió sentarse a dialogar después de las dos embestidas en mayo y noviembre de 2014, y el derribo de casas en 2016.

“La lectura que vimos que el gobierno hacía era levantar a los líderes que movían a la comunidad, desaparecerlos o sembrarles un delito y meterlos a la cárcel. Ya nos perseguían judiciales ya sabíamos que había órdenes de aprehensión. La presión era enorme y dejar la lucha a esa altura y sin hacer nada, no nos convenía”, explicó.

García Salazar destacó que el sentarse a negociar les permitió mantener la relación con el bosque y sus centros ceremoniales otomíes, y detener “la intención de aislar a San Francisco Xochicuautla e irnos comprando poco a poquito nuestros terrenos para construir una zona residencial campestre, pero en la parte alta están nuestros manantiales y estamos sobre el río San Lorenzo, que alimenta al río Cutzamala”.

Finalmente, resaltó que los acuerdos con el gobierno estatal y la empresa incluyeron la creación de un órgano de contraloría en el que se encuentran integrantes de la comunidad, en tanto que la ONU-DH y la CNDH se mantendrán al tanto del cumplimiento.