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Juez concede amparo a 16 instancias infantiles en Michoacán

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El diputado federal panista Armando Tejeda Cid informó que, ante la violación a los derechos de la niñez y al no encontrarse causales para la eliminación del programa, en Michoacán se logró la primera suspensión definitiva a favor de 16 estancias infantiles.

Con esa medida judicial, dijo, deberán aplicarles a esos centros las reglas de operación de 2018 y entregarles los recursos que se asignaron el año pasado.

“El amparo, concedido por el juez Sexto de Distrito, beneficiará a 787 niños, quienes podrán regresar a las estancias infantiles que fueron cerradas en Sahuayo, Jiquilpan, Venustiano Carranza, Cojumatlán de Régules y Pajacuarán, ya que el mandato judicial es que se otorgue a los beneficiarios del programa los apoyos que les corresponden, conforme a las cantidades y modalidades establecidos en las reglas de operación para el ejercicio 2018, para que puedan seguir prestando el servicio”.

Añadió: “La resolución es muy clara al obligar a la Secretaría de Bienestar y su delegación estatal a entregar el presupuesto correspondiente con base en los lineamientos de 2018 y rechazar las disposiciones establecidas para 2019. Con esto damos el primer paso en Michoacán para que se retribuyan los derechos de los niños”.

De acuerdo con Tejeda Cid, es el primer paso que se logra en Michoacán, pero ya son varias entidades donde se ordenó retribuir los recursos. “Es dar marcha atrás a una de las múltiples malas decisiones del gobierno federal, donde queda claro que entregar recursos directos no garantiza el desarrollo de nuestros niños, ni un lugar donde los puedan atender mientras sus padres trabajan”, apuntó.

Con ello, abundó, la Secretaría de Bienestar deberá realizar las gestiones pertinentes, a fin de que les entreguen los apoyos a las estancias, y todas las autoridades relacionadas con el cumplimiento que deba darse a esa medida cautelar estarán vinculadas para observar la resolución de la autoridad judicial.

Armando Tejeda indicó que en caso de incumplimiento los funcionarios responsables podrían ser acreedores a prisión, así como multas e inhabilitación.