Indígenas mixes se amparan contra el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec

Los indígenas mixes Juana Inés Ramírez Villegas, Dagoberto Toribio Severo, Raúl Martínez de Jesús y Rubicela Toribio Zacarías presentaron una demanda de amparo indirecto contra el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

La demanda, presentada ante el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz, es contra la “ilegal” convocatoria a las Asambleas Regionales Consultivas y el protocolo para el proceso de consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades del Istmo de Tehuantepec.

Los indígenas señalaron como autoridades responsables al presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber ordenado el decreto por el que se crea el organismo público descentralizado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, y al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, acusado de “omisión”, porque no veló por los intereses y derechos de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directa o indirectamente.

También cuestionaron al ahora exsecretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa, y a los secretarios de Economía y de Comunicaciones y Transportes, Graciela Márquez Colín y Javier Jiménez Espriú, respectivamente, así como al director general del Corredor Interoceánico, Rafael Marín Mollinedo, y a los oaxaqueños Adelfo Regino Montes (director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y Ceyla Cruz Gutiérrez, responsable del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas.

Ante la autoridad federal reclamaron la “expedición irregular e inconstitucional del decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, publicado en el Diario de la Federación el 14 de junio de 2019, sin que se hayan respetado, observado y cumplimentado los procedimientos que se establecen en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos sobre pueblos indígenas”.

Como descendientes del pueblo Ayuuk jaay o mixe, denunciaron que a lo largo de décadas “se ha empeñado en ejecutar megaproyectos en nuestros territorios sin que se nos informe en absoluto sobre las repercusiones sociales y de impacto medio ambientales que se producirían con su implementación, y mucho menos se nos consulte nuestra opinión al respecto”.

Ante tales embates, subrayaron, “la resistencia de los diversos pueblos indígenas que habitamos y compartimos territorios en el Istmo de Tehuantepec ha podido frenar su implementación, evitando con ello un saqueo desmedido de los recursos naturales, así como la alteración a gran escala del impacto medioambiental”.

De igual manera, consideraron que la ausencia de la minería en la región, como la preservación de la selva de los Chimalapas que constituye un importante pulmón de todo el territorio mexicano, “son dos ejemplos que ilustran la trascendencia para los pueblos y la humanidad, la defensa que como pueblo hemos hecho de nuestros territorios”.

Recalcaron que, si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción de un tren transístmico, así como la modernización y construcción de diversos puertos marítimos tanto en Oaxaca como en Veracruz, “hasta el día de hoy nuestros pueblos y comunidades, así como las personas que lo conformamos, no hemos recibido ningún tipo de información oficial por parte de las autoridades del gobierno federal. No hemos sido convocados, por medio de nuestras instituciones comunitarias, a participar en consulta alguna respecto de nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas”, razón por la cual solicitaron el amparo y protección de la justicia federal.