Una decena de organizaciones ambientalistas de Baja California calificaron de “aberrante retroceso” y “dispendio irresponsable de energía política y administrativa”, el anuncio del próximo gobierno estatal de fusionar en la Secretaría Economía Sustentable, de nueva creación, a la Secretaría de Protección del Ambiente (SPA).
En una carta que entregaron hoy al gobernador electo del estado, Jaime Bonilla Valdez, las organizaciones civiles reprueban “enérgicamente” que la SPA pretenda ser reducida a una dependencia de segundo nivel bajo la misma autoridad que rige a dependencias promotoras del sector productivo.
Esto “frente a las cuales a menudo se requiere ejercer autoridad política de manera autónoma, sobre todo cuando el interés privado se opone o resiste a la observancia de lo establecido por la legislación ambiental.”
Subrayan que “es un dispendio irresponsable de energía política y administrativa, la enorme inversión de esfuerzos que requeriría la transformación del actual estatus administrativo de la Secretaría de Protección al Ambiente.”
Ello porque implicaría llevar a cabo modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, así como al menos seis diversas leyes y reglamentos ambientales que norman al sector ambientalista, incluida la de Prevención, Mitigación y Adaptación del Cambio Climático, la de Protección al Ambiente y la de Prevención y Gestión Integral de Residuos.
“Consideramos una afrenta la pretensión de restarle autoridad a la dependencia encargada de medio ambiente del estado, pues ello niega tanto los avances logrados con gran esfuerzo durante dos décadas, como la urgente necesidad de fortalecer aún más los alcances y la autonomía de acción de esta dependencia, en el contexto estatal y transfronterizo, en tránsito a un desarrollo cada vez más sostenible y armónico con el medio ambiente que es la base del sustento económico y social en el largo plazo para nuestro estado.”
Igualmente reflexionan que, gracias a la creación de la SPA, aunque siguieron las carencias presupuestarias, se logró posicionar a la protección del ambiente como un factor de desarrollo en la cultura política del estado, con una mayor presencia y autonomía para atender la problemática ambiental en el estado.
“Con el estatus de Secretaría, la dependencia adquirió la capacidad para dar continuidad a importantes instrumentos de planeación ambiental, programas regionales para prevenir daños irreversibles al medio ambiente y promover medidas.”
Por ello resaltan que, estando supeditada a una misma cabeza de sector, la autoridad ambiental carecerá del peso político necesario para actuar en el interés ambiental que le compete, siempre que los intereses del desarrollo económico desafíen el cumplimiento con la normatividad ambiental, como ha ocurrido históricamente.
Invitan finalmente a Bonilla Valdez a crear un espacio de diálogo “incluyente y abierto”, para explorar la oportunidades y alternativas para el fortalecimiento de la SPA, junto con actores de la sociedad civil organizada y demás actores expertos en esta materia “que, afortunadamente, abundan en nuestro estado.”
Entre las organizaciones firmantes están el Colectivo de Salud y Justicia Ambiental, el Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, Tijuana Calidad de Vida, Sociedad de Plantas Nativas, Baja California Chapter, Desembólsate BC y Remexmar BC.
“Aberrante retroceso” fusión de secretaría ambiental con la de Economía en BC: ambientalistas
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