Piden liberar a 13 mil 500 internos y Ley de Amnistía en Edomex

Decenas de familiares de internos en diversos penales del Estado de México se apostaron a las afueras del Poder Judicial estatal en demanda de la libertad de 13 mil 500 internos que han cumplido con los requisitos de ley para acceder a ella, y de una Ley de Amnistía que sirva para excarcelar a los falsos culpables.

Los inconformes, aglutinados en la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C., entregaron a Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJEM), una misiva en que además le piden auditar la administración de su antecesor, Sergio Medida Peñaloza, y participar en el debate de la Ley de Amnistía del Estado de México pues, a decir del activista José Humbertus Pérez, sus jueces han sido parte de la fabricación de carpetas, de tal manera que en las cárceles mexiquense hay muchos inocentes.

También le solicitan revisar la actuación de los jueces, por considerar que se han prestado a la construcción de delitos, mientras que los de ejecución de sentencias se niegan a hacer efectivos los beneficios alcanzados por las Personas Privadas de su Libertad (PPL).

Una comisión de inconformes fue recibida por Sodi Cuéllar, quien les informó que, en lo que va de la pandemia, se ha concretado la preliberación de mil 200 internos.

Pérez Espinoza indicó que en el encuentro además se comprometió a instalar mesas de trabajo para revisar la semana próxima otros mil 86 casos en los que las PPL ya cumplieron los requisitos para acceder a la libertad anticipada o condicional, y para analizar la actuación de los jueces, pues admite que existen injusticias.

Ley de Amnistía

En tanto, este lunes comenzó la revisión de las cuatro iniciativas de Ley de Amnistía para la entidad (promovidas por Morena, PRD, PT y por José Humbertus Pérez Espinoza, respectivamente). Los diputados acordaron su análisis en parlamento abierto para que participen en su construcción todos los involucrados.

En este marco, el Partido Acción Nacional (PAN) consideró que la implementación de esta figura permitirá liberar a quienes delinquieron, afecta la reparación del daño, favorece la impunidad y viola la Ley de Víctimas de la entidad.

El diputado José Antonio García indicó que la amnistía es innecesaria, pues la Ley Nacional de Ejecución Penal ya contempla figuras como la liberación anticipada y la condicional que resultan más viables a la reinserción social. La amnistía, consideró, no ofrece garantías de no repetición.

La también panista Ingrid Schemelensky aseguró que ninguna de las propuestas prevé el seguimiento de los beneficiarios, considera las consecuencias de liberar a delincuentes o el impacto presupuestal.

Para el priísta Juan Maccise, con la amnistía se corre el riesgo de anular la responsabilidad e impedir el enjuiciamiento de una conducta criminal, mientras la pevemista María Luisa Mendoza coincidió en que ésta figura podría violar la Ley de Víctimas.

Falsos culpables

Por su parte, el morenista Max Correa confió en que una Ley de Amnistía estatal permitirá hacer justicia a los falsos culpables y a las víctimas, porque crear un culpable tampoco es justo.

Aclaró que la iniciativa de su bancada deja subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, garantiza los derechos de las víctimas y plantea el acompañamiento a los beneficiarios para verificar su reinserción social.

La norma, destacó, es necesaria para una entidad en la que “las verdades históricas son el pan nuestro de cada día”; permitirá la reconciliación de la sociedad con sus instituciones de procuración y administración de justicia, ayudará a construir paz y despoblar las cárceles, permitirá atender las recomendaciones de los organismos en derechos humanos y revisar la actuación de la Fiscalía (FGJEM), del Poder Judicial, y las políticas de reinserción social.

Su correligionario Julio Hernández, presidente de la Comisión parlamentaria de Derechos Humanos, aseguró que con la amnistía no se pretende liberar delincuentes, sino a víctimas a las que fue fabricado el delito. La también morenista Mariana Uribe precisó que la norma va dirigida a las PLL con violaciones al debido proceso, muchos en situación vulnerable y de pobreza.