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Registro agrario negó recibir acta de rechazo a proyecto minero en Canoas, Colima

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La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) denunció que el Registro Agrario Nacional (RAN) se negó a recibir para su inscripción el acta de asamblea de agosto pasado, mediante la cual la comunidad indígena de Ca-noas manifestó su rechazo al proyecto minero Rufus 5 —promovido por la empresa Hematite SA de CV, de capi-tal canadiense— y a cualquier otra actividad extractiva en su territorio.

La organización señaló que el viernes anterior la directiva ejidal tenía acordada una cita con la encargada del despacho del RAN en Colima, María Concepción Núñez Escobedo, para tratar algunos asuntos relacionados con el núcleo agrario, donde pretendían entregarle el acta, pero minutos antes de la cita, cuando ya habían llegado a la ciudad de Colima, les llamó para cancelar la reunión.

Ante esto, la secretaria y el presidente del Comisariado Ejidal, Salud Valencia Ramos y Raymundo Campos Muñoz, respectivamente, se dirigieron a las oficinas para ingresar la solicitud en la ventanilla, pero el responsable se negó a recibir el documento con el pretexto de que se trata de una disposición con motivo de la pandemia.

Después de insistir, les atendió Carlos Anguiano, quien recibió documentos de otro asunto que llevaban, pero no el acta de la asamblea con el mismo argumento de que, por la pandemia, desde las oficinas centrales se sus-pendieron todos los servicios desde el mes de abril.

No obstante, hizo notar Rema, en el año 2014 esa misma comunidad también en asamblea agraria declaró su territorio como “Libre de Minería” y en esa ocasión, sin pandemia, el RAN también se negó a registrar el acta, “lo que evidencia la mala fe del RAN y su complicidad con las empresas mineras”.

La organización añadió que, por otra parte, “la justificación de la pandemia no se ha aplicado a otras institu-ciones donde las empresas tienen que llevar a cabo trámites para sus proyectos, como es el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que tan sólo desde que el RAN cerró sus puertas, -de lo que la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (Rema) lleva contabilizado-, tenemos registrados 881 pro-yectos recibidos para su evaluación y 479 resolutivos que en su gran mayoría han sido proyectos autorizados”.

En contraparte, desde marzo, la Semarnat, como las otras instituciones del gobierno, han ampliados los plazos legales de respuesta a solicitudes de información vía transparencia con el pretexto de la pandemia.

“Por ejemplo, una solicitud de transparencia emitida por la Rema a la Semarnat el 27 de marzo de 2020 solo fue recibida oficialmente hasta el 18 de septiembre y la respuesta a la solicitud fue entregada el 16 de octubre, es decir 7 meses después de la solicitud cuando normalmente el plazo legal es de 40 días”.

A juicio de Rema, “esto denota la gran desigualdad que existe entre el apoyo (contubernio) que el gobierno federal otorga a las empresas, que destruyen y despojan el territorio y la atención a las comunidades que lo de-fienden.

“En estos tiempos de pandemia las autoridades mexicanas han operado bajo favoritismo, de un lado permi-tiendo las actividades declaradas erróneamente esenciales para el país, como la minería, de poder seguir avan-zando con toda normalidad en sus trámites para sus procesos de despojo, y del otro lado impidiendo a los pueblos y a la ciudadanía en general de ejercer sus derechos de autodeterminación, de tener certeza sobre la tenencia de su tierra o de acceder a información pública”.

Asimismo, puntualizó Rema, lo anterior “nos muestra el gran desprecio, discriminación, indife-rencia y humillación con la que el gobierno trata a las comunidades indígenas, no sólo por no lle-var a cabo un trámite sino el hecho de obstaculizar el registro de un proceso que es un derecho otorgado por la propia Constitución y Acuerdos Internacionales, que es la ‘Libre Determinación de los Pueblos’, derecho ya ejercido por la comunidad indígena de Canoas”.