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Policías y jubilados de Colima protestan por deducciones en su aguinaldo

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Policías y trabajadores jubilados del gobierno estatal protestaron este día en las oficinas del Complejo Administrativo con la exigencia de que se les reintegren las deducciones realizadas a su aguinaldo, cuyos montos oscilan entre 15% y 35%.

 

Las movilizaciones fueron encabezadas por el policía tercero Juan Nazario Alfaro Palacios, presidente de la organización Seguridad y Dignificación Policial de Colima, y María de los Ángeles Sánchez Aguirre, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado, quienes fueron recibidos por separado por funcionarios de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.

Decenas de policías que hoy se encontraban en su día de descanso se reunieron con el director de Administración de Personal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, Hamin Legaspi Soto, ante quien expusieron sus inconformidades.

Juan Nazario Alfaro se quejó de que fue excesivo el recorte realizado con motivo del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Aunque reconoció que se trata de una disposición legal, reprochó que el gobierno estatal actuó “con alevosía y ventaja” en perjuicio de los trabajadores, pues a su juicio pudo haberse conducido con “tacto humano”, tomando medidas como realizar un pago inicial del aguinaldo de 30 días y el resto canalizarlo a través de otras prestaciones como previsión social.

“El gobierno no hace nada por beneficiar a sus policías, pero sí hace todo para perjudicarlo con gravámenes excesivos. Si me equivoco, que se les pregunte a los policías si el gobierno los ha beneficiado con la homologación salarial ordenada por el gobierno federal con recursos del fortalecimiento a la seguridad pública”, denunció.

Durante la reunión también surgieron quejas de los elementos, hombres y mujeres, que atribuyeron el mal servicio en materia de seguridad pública a la insuficiencia de patrullas y de elementos policiacos, además de que a quienes se encuentran en activo les falta equipo y uniformes para cumplir con su trabajo.

Legaspi Soto argumentó ante los policías que el ISR es un impuesto federal que el gobierno del Estado está obligado por ley a retenerlo, como lo hace cualquier patrón, y entregarlo en un 100% al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El funcionario estatal aseguró que la retención no fue excesiva, sino conforme a la ley, pero que, si alguien en lo particular considera que se le retuvo ISR de más, se comprometió a revisar dicho caso. Aunque expuso que el cálculo se hace de manera sistematizada.

Dijo que actualmente se realiza una revisión del caso para todos los trabajadores del gobierno estatal y ofreció que el viernes de la siguiente semana tendrá resultados que podrá exponerles en una nueva reunión.

Nazario Alfaro adelantó que acudirán al siguiente encuentro y si no obtienen respuesta a sus demandas, podrían realizar un paro de policías.

Por su parte, María de los Ángeles Sánchez informó que desde el 12 de diciembre entregaron un oficio dirigido al titular de la dependencia, Christian Meiners Tovar, a quien le hicieron ver que como jubilados y pensionados tienen otras reglas que no se están aplicando, pues las deducciones les fueron realizadas como si se tratara de trabajadores en activo.

La demanda, comentó, es que se les reintegren las cantidades que se les descontaron con motivo del ISR, situación por la que resultaron afectados más de 600 trabajadores.

“Tenemos un recibo por parte de un jubilado del Seguro Social que recibe 27 mil pesos de aguinaldo y le quitan de ISR mil 323 pesos, y a una persona que aquí en el gobierno estatal percibe la misma cantidad como aguinaldo le están quitando poco más de ocho mil pesos, entonces ¿quién está mal?”.

Sánchez Aguirre refirió que dentro del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a los jubilados se les debió aplicar la fracción III, pero aplicaron la fracción XIV, que sólo se refiere a trabajadores en activo, por lo que “el gobierno estatal no atendió la intención de los legisladores federales de proteger los ingresos y el patrimonio de los jubilados y pensionados”.

Después de reunirse con Meiners Tovar, los jubilados informaron que el funcionario se mostró dispuesto a revisar la situación y a corregir en caso de que exista algún error. Los citó para una reunión posterior.

“Si no obtenemos una respuesta favorable, seguiremos adelante con nuestras manifestaciones”, advirtieron.