Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad denunció la falta de voluntad política del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa para investigar una serie de ataques e intimidaciones en contra de sus integrantes.
La organización feminista denunció que tan solo en el primer año de la administración del priista, sus oficinas han sido allanadas en seis ocasiones, y lo peor es que la Secretaría de Seguridad Pública se niega a brindar medidas cautelares, con el argumento de que las activistas no corren riesgo alguno.
En conferencia de prensa, las coordinadoras de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, Ana María Hernández y Pilar Muriedas, denunciaron “la existencia de un patrón sistemático de ataques hacia nuestra organización y sus integrantes, que involucra intimidaciones, seguimientos, vigilancia, campañas de desprestigio, allanamientos y robo a las oficinas y a las casas”.
Resaltaron que de 2011 a la fecha han enfrentado en total 11 allanamientos, seis en lo que va del gobierno de Murat Hinojosa, y el más reciente se registró el pasado viernes 5.
La madrugada de ese día fue allanado el domicilio de Yesica Sánchez Maya. Los agresores cortaron la cerca de seguridad y desactivaron las alarmas, además de que destruyeron las chapas y robaron una computadora, pantallas y material de seguridad de la residencia, incluida una videograbadora y un módem.
No se llevaron otros objetos de valor que se encontraban en la vivienda, por lo que consideraron que ese ataque “no es aislado y forma parte de una serie de agresiones que se han acumulado en nuestra contra”.
Las activistas relataron que el 2 de diciembre de 2016 fue allanado el domicilio de otra de las integrantes del equipo comunitario, donde robaron una computadora, un celular, joyas y dinero en efectivo.
Posteriormente, el 5 de febrero 2017, forzaron la chapa del vehículo de una compañera más, del área administrativa, y el 15 y el 17 de febrero del año pasado allanaron el domicilio de la hija de una de las integrantes de la misma área, sin que sustrajeran objeto alguno.
Al día siguiente fue allanado el domicilio de Ana María Hernández, integrante de la dirección, y el 28 de febrero intentaron forzar la chapa del vehículo de una de las integrantes del equipo de administración.
El 6 de abril se denunció el allanamiento y robo a mano armada en las oficinas de Consorcio Oaxaca, de donde los agresores se llevaron la bolsa de una de las integrantes del equipo de administración que contenía dinero de la organización y una USB con información laboral.
Todo ello sin contar la constante vigilancia alrededor de la oficina por parte de distintos hombres, policías viales y vehículos, además de la intervención de comunicaciones telefónicas y digitales de varias integrantes de la organización.
Consorcio ha presentado ya ocho denuncias penales, cinco de ellas en el sexenio anterior y tres en esta administración. De las cinco que interpusieron en el gobierno de Gabino Cué, una ha sido judicializada. Al arribo de Murat Hinojosa al poder estaban en trámite cuatro, mismas el 30 de marzo de 2017 fueron enviadas a la reserva por parte de la Fiscalía General del Estado.
El único caso que se judicializó está a la espera de que se resuelva la apelación del presunto responsable, quien goza de libertad bajo caución tras pagar una fianza de diez mil pesos.
De las tres denuncias que se han interpuesto en esta administración no hay resultados. La primera de ellas se presentó el 2 de diciembre de 2016, la segunda el 6 de abril de 2017 y la tercera el 5 de enero de este año. De ninguna se tiene información y sólo se realizaron algunas periciales.
Por consiguiente, “no hay resultados eficaces en la investigación, lo que sin duda ha dado el mensaje de anuencia y complicidad de este gobierno para seguir atacando a Consorcio Oaxaca”, puntualizaron las afectadas.
Señalaron que desde 2012 la organización es beneficiaria de medidas cautelares solicitadas vía la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, sin embargo, no han sido cumplidas a cabalidad, “pese a las reiteradas comunicaciones en las que hemos señalado dicho incumplimiento y al aumento de riesgo”. Y más grave aún, subrayaron, es que las autoridades responsables de brindar protección han buscado levantar las medidas cautelares.
Después de que se incrementaron los incidentes y aumentó el riesgo para las activistas –en febrero y abril del 2017–, la Defensoría Especializada en Protección a Periodistas, Defensores y Defensoras instó en reiteradas ocasiones a las autoridades responsables a cumplir y reforzar las medidas cautelares a favor de la organización, en particular reforzando los rondines a la oficina, pero las autoridades de Seguridad Pública se negaron a hacerlo.
Para justificar el incumplimiento, las autoridades responsables alegaron que sus elementos no estaban disponibles porque atendían situaciones de conflictos sociales, bloqueos o marchas. Y la SSP subrayó que al no tener registrados incidentes que pongan en riesgo a las cauteladas, solicitaba “la desactivación de las medidas cautelares”.
El pasado miércoles insistió en esa petición, lo que deja en evidencia la falta de interés para garantizar la protección a Consorcio Oaxaca.
Las activistas responsabilizaron a Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, “de nuestra vida e integridad, así como de cualquier nuevo ataque en contra de Consorcio Oaxaca y de sus integrantes”.
Y exigieron al fiscal general que asuma su responsabilidad y, en consecuencia, de manera inmediata ponga a los responsables de los allanamientos frente a las autoridades judiciales y deje de entorpecer la investigación. De igual manera, que finque las responsabilidades correspondientes, “porque el mensaje de impunidad que está dando nos deja en pleno estado de indefensión”.
Al Congreso local y a los poderes Judicial y Ejecutivo les recordaron que su obligación es garantizar los derechos humanos, así como la seguridad de las defensoras para realizar su labor.
Finalmente, conminaron a Murat Hinojosa a que tome medidas urgentes e inmediatas que garanticen la vida e integridad de todas las personas defensoras de derechos humanos, en particular de las mujeres defensoras en el estado de Oaxaca, pues con base en datos de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, en la entidad se registra el 58% del total de agresiones a mujeres defensoras a nivel nacional.
