Por un caso de inadecuada atención médica y violencia obstétrica que derivó en el fallecimiento de una recién nacida en el Hospital General de Zona número 6 en Ciudad Valles, San Luis Potosí, así como por dilación en la investigación de estos hechos, la CNDH dirigió una recomendación IMSS y a la Fiscalía de esa entidad.
En un comunicado, la Comisión destaca que una mujer acudió a consulta con el ginecólogo de dicho hospital, quien diagnosticó un embarazo de 37.2 semanas de gestación, pelvis reducida y desproporción cefalopélvica por producto macrosómico, por lo cual determinó practicar una cesárea.
Sin embargo, un día antes de lo programado, la víctima acudió al área de urgencias gineco-obstétricas tras presentar dolor lumbar y abdominal, siendo atendida por otro médico quien omitió los antecedentes médicos relevantes de la paciente tales como una ruptura uterina previa, estableciendo que debía ser sometida a trabajo de parto.
Precisó que a la paciente no se le practicó un ultrasonido que requería por la ausencia de médico radiólogo y se constató que hubo retrasos en la vigilancia de la actividad uterina, foco fetal y evaluación de los cambios cervicales.
Por la noche, el médico se percató de la disminución de la frecuencia cardiaca del producto, ruptura uterina y otras complicaciones en la salud de la paciente, por lo que solicitó trasladarla a quirófano para practicarle una cesárea urgente por sufrimiento fetal agudo, lapso en el que la víctima perdió el conocimiento. Al despertar, se le informó que su bebé había sufrido muerte cerebral.
A consecuencia de la ruptura uterina, la recién nacida no registró frecuencia cardiaca lo que ameritó maniobras de reanimación y fue ingresada al servicio de cunero patológico en estado clínico grave.
Catorce días después de su nacimiento, presentó insuficiencia respiratoria y finalmente falleció.
Durante la atención médica, la víctima sufrió violencia obstétrica al recibir malos tratos y comentarios ofensivos por parte de servidores públicos adscritos al referido hospital.
Además, se confirmó la inadecuada integración de su expediente clínico toda vez que las notas médicas en algunos casos son ilegibles, no contienen los signos vitales ni la hora de realización, presentan nombres incompletos, empleo de abreviaturas y se advirtió la existencia de una hoja de consentimiento informado sin anotaciones ni la firma de la paciente.
Por lo que corresponde al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, se comprobó que los agentes de la entonces Procuraduría General del Estado de San Luis Potosí (hoy Fiscalía General) que integraron la averiguación previa correspondiente, omitieron declararse incompetentes y turnar el caso a la PGR al estar involucrado un servidor público federal, aunado a un año y medio de inactividad en la investigación del caso.
Al fiscal general del estado se le pide que la autoridad responsable decline su competencia a favor de la PGR para que se investigue adecuadamente el caso; colaborar con la CNDH en la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control de esa dependencia en contra de los responsables, además de impartir un curso con énfasis en los derechos humanos de las víctimas.
El IMSS atiende recomendación
En un comunicado, el IMSS informó que colaborará ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el seguimiento y cumplimiento de la Recomendación.
El Instituto anunció que dará cabal cumplimiento a la Recomendación 79/2017, emitida el 29 de diciembre del 2017 por la CNDH, sobre el caso de violación a los derechos a la protección de la salud, a la vida, a la libertad y autonomía reproductiva y a la información en materia de salud.
Al tener conocimiento de lo ocurrido, el IMSS afirmó que tomó diversas medidas preventivas, a fin de evitar hechos similares.
La Dirección General del IMSS instruyó a las oficinas centrales y a la Delegación Estatal en San Luis Potosí, el cumplimiento de todos los puntos de su competencia contenidos en la Recomendación, así como reforzar la capacitación al personal institucional en dicho hospital, en materia de derechos humanos, con apego a las normas nacionales e internacionales.
